El Gobierno y el PSOE acuerdan qué hacer en el Consejo Europeo

El Gobierno saliente y el equipo señalado por el PSOE para hacer el traspaso de poderes en materia de política exterior llegaron ayer a un acuerdo sobre las posiciones a mantener en el Consejo Europeo que se celebrará los próximos jueves y viernes en Bruselas, con la asistencia de José María Aznar como presidente en funciones.

El acuerdo fue sustanciado durante una reunión celebrada ayer en la sede de la plaza del Marqués de Salamanca, en Madrid, en la que los principales interlocutores fueron la ministra Ana Palacio y Miguel Ángel Moratinos, el diplomático que ha sido señalado por el presidente electo, José Luis Rodríguez Zapatero, como próximo ministro de Exteriores.

Fuentes conocedoras de la reunión indican que se habló en un principio de que el compromiso fuera concretado hoy mediante un encuentro personal de Aznar y Zapatero, que sería el primero de los dos líderes tras la inesperada victoria socialista en las elecciones del 14 de marzo. Pero algo se torció en el camino de esta iniciativa, ya que anoche tanto La Moncloa como el PSOE aseguraban que el encuentro, no solamente no tendrá lugar, sino que nunca estuvo programado.

Fuentes del PSOE afirman que, si en algún momento fue considerada, la iniciativa no llegó nunca a conocimiento de Zapatero. En 1996, Felipe González recibió a Aznar para realizar el traspaso de poderes, y parece lógico que ahora se siga el mismo procedimiento.

Consenso sobre terrorismo

El acuerdo alcanzado ayer en relación con el Consejo del viernes consiste básicamente en que el PSOE se dio por satisfecho con la información que le facilitó el Gobierno acerca de los preparativos de una reunión en la que se aprobará una declaración sobre la lucha antiterrorista, al hilo de los atentados de Madrid, y otra sobre el llamado Proceso de Lisboa, orientado a liberalizar y modernizar la economía europea.

Los socialistas no ven inconveniente alguno en la declaración sobre terrorismo, que insiste en la necesidad de solidaridad europea y de que todos los socios apliquen las medidas acordadas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Tampoco tienen objeciones al documento económico, de tono menor y marcado por un ambiente de crisis que no favorece los grandes proyectos.

En cuanto a la Constitución Europea, que sí ha sido motivo de enfrentamientos entre el Gobierno de Aznar y el PSOE, el acuerdo implícito e inevitable es que, si se llegara a plantear la posibilidad de un compromiso, algo inverosímil en una reunión planteada por la presidencia irlandesa como sólo informativa sobre este asunto, Aznar se abstendría y dejaría la decisión para el Gobierno de Zapatero.