La fiscal pide ocho años de inhabilitación para Otegi por enaltecer a ETA

La fiscal jefe del Tribunal Superior vasco, María Ángeles Montes, pidió ayer 15 meses de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta para el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, y el también parlamentario vasco de su grupo Jon Salaberría por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Ambos participaron el 30 de julio de 2001 en un homenaje en el cementerio de San Sebastián a la etarra Olaia Castresana, muerta seis días antes en Torrevieja (Alicante) al estallarle la bomba que manipulaba.

El juicio, que ayer se celebró en la Sala Civil y Penal del alto tribunal vasco, quedó visto para sentencia para ambos, mientras que la Sala analizará si declara en rebeldía a la tercera encausada, la ex parlamentaria de Sozialista Abertzaleak Araitz Zubimendi, quien no se presentó a la vista oral al no haber sido correctamente citada, según su defensa. La vista fue aplazada el pasado día 4 hasta ayer precisamente por esta causa. La fiscal pide para Zubimendi la misma pena.

En la vista comparecieron como únicos testigos los padres de Castresana, quienes aseguraron que ellos mismos invitaron al funeral a los dirigentes abertzales y que Salaberria era amigo personal de la fallecida. Agregaron que no tenían constancia "oficial" de que su hija perteneciese a la banda armada.

La fiscal, a cuyas preguntas se negaron a contestar Otegi y Salaberria, aportó un comunicado de ETA que asume la militancia de la fallecida. Montes presentó también un vídeo con imágenes de informativos de varias cadenas sobre el funeral en que se puede ver a Otegi declarando que algunos jóvenes, como Castresana, "entienden su compromiso político a través de la lucha armada". En sus conclusiones, Montes destacó que los tres acusados participaron en el funeral "en reconocimiento y homenaje" a la muerta, sabiendo que era etarra, en un acto con "clarísimas connotaciones terroristas".

Los defensores de Otegi y Salaberria, Jone Goirizelaia, y Kepa Landa, respectivamente, pidieron la absolución de ambos por la "absoluta" falta de pruebas. La letrada sostuvo que no se ha acreditado que Castresana fuese etarra y que los comunicados de la banda siempre se han rechazado como prueba en otros juicios.