El Consell cobra menos de la mitad de las multas por riesgos laborales

El Consell ingresa menos de la mitad de las sanciones que impone por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, según se desprende de varias respuestas parlamentarias de la Consejería de Economía con datos de 2001, 2002 y de enero a septiembre de 2003. El año 2001 fue, de los tres periodos analizados el que registró un nivel de pago más alto, el 42%. En 2002 ese porcentaje bajó hasta el 36,7% y en 2003 se situó en el 40,1%.

Durante 2001 y 2002 un total de 2.514 y 2.529 empresas, respectivamente, fueron sancionadas por incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el importe de las multas rondó los 7,2 millones de euros y los 6,96 millones. El importe final pagado en 2001 por 1.358 empresas fue de poco más de tres millones de euros, que suponen el 42%, y en 2002 un total de 1.064 firmas pagaron 2,55 millones, el 36,7% del total impuesto. Del mismo modo, durante los nueve primeros meses del año pasado 2.060 empresas fueron sancionadas por el mismo motivo y por un montante de cerca de 5,3 millones de euros. Tres trimestres en los cuales al final 771 empresas pagaron casi 2,12 millones de euros, el 40,01% de las sanciones impuestas.

Los datos proceden de diversas respuestas parlamentarias realizadas por el consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, a una batería de preguntas relacionadas con los planes de actuación preferente (para las empresas con mayor grado de siniestralidad laboral) y con las actuaciones realizadas en materia de cumplimiento de la LPRL. A esta segunda parte corresponden los datos mencionados. Los datos facilitados por Economía también indican que en 2001 caducaron 25 expedientes y se anularon 102; en 2001 caducaron 70 y un centenar fue anulado y hasta septiembre de 2003 estas cifras fueron de 65 y 104, respectivamente.

Economía también explica que el Plan de Actuación Preferente incluyó en 2001 a 3.664 empresas. Ese año, los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo visitaron esas empresas y las pendientes del ejercicio anterior que en total supusieron al final 8.328. La Inspección de Trabajo, asimismo, visitó 316 firmas y en conjunto se abrieron 37 expedientes sancionadores. Un año después, las empresas incluidas en el plan aumentaron a 4.410, las visitadas por los gabinetes fueron 3.668 y 78 por la Inspección de Trabajo. Los expedientes sancionadores se elevaron hasta 93. Y en el periodo disponible del año pasado, 4.545 empresas formaron parte del Plan de Actuación Preferente. Ese año, destaca el aumento de visitas realizadas por la Inspección de Trabajo que se elevó hasta 424. En conjunto, se abrieron hasta el noveno mes de 2003 un total de 479 expedientes sancionadores.

Por otro lado, 202 empresas valencianas pagaron en 2001 sanciones por incumplimientos de leyes de orden social (seguridad social, jornadas de trabajo, etc) por valor de 3,8 millones de euros. Al año siguiente el número de empresas que pagaron sanción creció hasta las 242 pero la cantidad abonada se redujo hasta los 3,3 millones y hasta septiembre de 2003 un total de 179 empresas pagaron 2,68 millones.

Con los datos en la mano, el diputado del grupo parlamentario socialista Antonio Torres considera que el "nivel de cumplimiento [de la acción sancionadora] es bajo". Torres recuerda que los accidentes de trabajo mortales "no están disminuyendo" y por eso defiende que la Consejería de Economía "debe ser más eficaz en hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales". "El procedimiento sancionador es poco ágil y efectivo", resume el diputado socialista que recuerda que en muchos casos el simple asesoramiento es suficiente. Torres considera que la "administración está siendo en nuestra opinión excesivamente permisiva con el cumplimiento de la ley" y recuerda que su incumplimiento "cuesta vidas humanas".