El Supremo de EE UU decidirá sobre la legalidad de las detenciones indefinidas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, y no el Gobierno, va a ser el que decida si las detenciones indefinidas de sospechosos de terrorismo son legales, tanto si se trata de extranjeros como de estadounidenses. El último caso que el tribunal ha aceptado estudiar es el del estadounidense José Padilla, incomunicado desde mayo de 2002 en una cárcel militar de EE UU bajo sospechas de intentar detonar una bomba radiológica, pero sin haber sido formalmente acusado de ello.

Una corte federal de apelaciones ordenó en diciembre la liberación de Padilla al amparo de la prohibición constitucional de detenciones preventivas, pero el Gobierno de George W. Bush apeló al Supremo argumentando que, en estos tiempos de guerra, el presidente goza de poderes extraordinarios para suspender los derechos constitucionales de "combatientes enemigos". Los abogados de Padilla alegan que Bush se ha extralimitado en los poderes que le otorgó el Congreso tras el 11-S y que rige la normativa de 1971, según la cual sólo se puede encarcelar indefinidamente a un americano si el Congreso así lo determina por ley.

Con el caso de Padilla, el de otro americano declarado "combatiente enemigo" y un tercero sobre si los 650 cautivos de Guantánamo tienen derecho a recurrir a la justicia civil de EE UU, el Tribunal Supremo deberá definir la frontera entre las libertades civiles y la seguridad nacional. Los magistrados escucharán los argumentos de todas las partes interesadas en abril y se pronunciarán antes del verano.

Padilla, un pandillero de origen puertorriqueño convicto de asesinato, fue arrestado el 8 de mayo de 2002 en el aeropuerto de Chicago cuando regresaba de Pakistán. El secretario de Justicia, John Ashcroft, anunció al país la captura de un "peligroso" miembro de Al Qaeda que planeaba matar a cientos de estadounidenses detonando una bomba radiológica. El 9 de junio, justo antes de que acabara el plazo para o bien acusarle o ponerle el libertad, Bush firmó una orden ejecutiva declarándole "combatiente enemigo". Desde entonces ha estado en una prisión militar de Carolina del Sur. Hace un mes obtuvo el derecho "condicionado" a tener un abogado.