Yagüe cree justificados los traspasos a empresas durante el mandato de Gil

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, negó ayer haber recibido un requerimiento del Tribunal de Cuentas para demandar a Jesús Gil y a otros seis concejales por 87 millones de euros destinados a las sociedades municipales y, supuestamente, sin justificar. Yagüe aseguró que los servicios jurídicos municipales consideran "suficientemente justificadas" las transferencias.

Yagüe reconoció que, en el acta de liquidación, el instructor advierte de que en las cuentas del Ayuntamiento de Marbella existe una salida de fondos, en forma de transferencias a sociedades municipales, aún no justificadas, por importe de 87 millones de euros entre los años 1991 a 1999.

Este supuesto delito alcanzaría a Jesús Gil; a su número dos, Pedro Román; al ex alcalde Julián Muñoz, a la ex concejal de Hacienda, Dolores Zurdo; y los ediles Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio Luque, este último miembro del actual equipo de gobierno.

La Sección de Enjuiciamiento ha decretado el embargo de sus bienes y sueldos por un total de 258 millones de euros para cubrir las cuantías que se les reclaman.

En un comunicado, Yagüe explicó que se ha abierto un periodo de alegaciones, y "cuando el Tribunal las estudie emitirá un acta de liquidación definitiva que deberá trasladar a la Fiscalía, que en representación del Estado, debe pronunciarse sobre si procede presentar una demanda por presunta responsabilidad contable".

"En el caso de que ese procedimiento judicial acredite responsabilidad contable, existe obligación de que los declarados responsables mediante sentencia resarzan al Ayuntamiento de los daños y perjuicios que hubiesen causado, con devolución de las cantidades insuficientemente justificadas", añadió.

La regidora arremetió contra el PSOE y PP, que reclaman que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en el procedimiento y les acusó de "buscar el desgaste del gobierno local".

Yagüe insistió en que el Ayuntamiento ha colaborado "activamente" con el Tribunal de Cuentas y pidió "cautela" hasta que haya un dictamen definitivo.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Carlos Rubio, señaló, por su parte, que el Consistorio marbellí debe asumir sus obligaciones y "exigir responsabilidades a todas aquellas personas que puedan haber afectado patrimonialmente al Ayuntamiento".

Carlos Rubio insistió en que el equipo de gobierno debe hacer que "se repare el perjuicio causado a los ciudadanos".