La Junta, el PSOE, IU y los sindicatos solicitan al Ejecutivo que rechace la regulación en astilleros
Los trabajadores acusan a la policía de detener a un empleado y de amenazar con armas
La Junta de Andalucía, el PSOE, IU y los sindicatos emplazaron ayer al Ministerio de Trabajo a que paralice el expediente de regulación de empleo que el grupo naval Izar, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene intención de aplicar en la factoría de Puerto Real (Cádiz), donde serían despedidos unos 400 trabajadores en los seis primeros meses de este año. Las plantillas de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Sevilla secundarán hoy su tercera jornada de protesta con un paro parcial de dos horas y movilizaciones en la calle.
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, afirmó ayer que el Gobierno andaluz "no está de acuerdo con que se inicie ningún expediente". "No encontramos ninguna razón, por lo que nos pronunciaremos en los trámites y alegaciones que nos corresponde hacer desde la Junta", dijo.
Según Chaves, la reivindicación de los trabajadores de Izar es "justa y legítima", aunque discrepó sobre "los métodos empleados". Asimismo, cuestionó "la doble moral" de los dirigentes del PP, especialmente de la presidenta popular, Teofila Martínez, sobre este conflicto laboral. "Dice ahora que no sabe nada del expediente de regulación, que es un tema que corresponde a la SEPI (...) Cuando se pusieron en 1995 al frente de algunas manifestaciones, acabó una de ellas con un intento de incendio de la sede del PSOE. Ahora dice que no sabe nada", criticó.
En parecidos términos se pronunciaron los consejeros de Gobernación y Empleo, Alfonso Perales y José Antonio Viera, respectivamente, quienes emplazaron al PP andaluz a pedir al Gobierno que rechace los despidos. De igual manera, el secretario provincial del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, criticó "los incumplimientos" del PP con Izar, como la reparación de los buques de la sexta flota de los EE UU en Cádiz y los encargos de trabajo del programa de modernización de Defensa. El coordinador provincial de IU, Ignacio García, dijo que los despidos anunciados evidencian que al PP "se le ha caído por fin la piel de cordero".
Por otra parte, los sindicatos criticaron la actuación policial durante las manifestaciones del martes, donde resultaron heridos decenas de policías y trabajadores.
El sindicato Autonomía Obrera denunció que la policía detuvo ayer un miembro del comité de empresa de Altadis, antigua Tabacalera, que también participó en las últimas manifestaciones "como apoyo a las protestas de astilleros".
Según este sindicato, esta detención es "otra muestra más de la vergonzosa represión que los trabajadores de este país sufren cuando exigen con la solidaridad y la lucha el respeto de sus derechos y puestos de trabajo". Representantes sindicales de Altadis se personaron en la tarde de ayer en la comisaría provincial para mostrar su apoyo a este compañero y "exigir su inmediata puesta en libertad".
El comité de empresa de Izar en Puerto Real denunció que los agentes, durante las protestas, "insultaron, identificaron, registraron y amenazaron" a algunos trabajadores a la salida de la factoría, cuando habían finalizado su jornada laboral y la protestas habían concluido. Según detalló el presidente del comité, Ramón Linares, agentes antidisturbios llegaron a amenazar a un trabajador "con una pistola en la cabeza" y "aporrearon algunos coches particulares".
"Con actitud fascista, chulesca y provocativa, las fuerzas del orden público nos recordaron a otros tiempos, cuando la policía no se consideraba un servicio público a los ciudadanos sino unos matones al servicio del poder", denunció Linares.
El representante sindical responsabilizó de estos hechos al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Maximiliano Vílchez. "Es el responsable de la tensión que tienen ahora los trabajadores que defienden su empleo", dijo.
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