Educación controlará las comisiones de selección de directores

La Administración educativa valenciana se ha adjudicado de facto el control del proceso de selección de directores, mediante el cual el próximo 1 de julio tendrán que estar renovados los equipos directivos de más de 1.200 centros públicos y concertados. Según denuncian los tres sindicatos de izquierda CC OO, Fete-UGT y STEPV, Educación pretende aprovechar las "lagunas de la LOCE" para convertir la selección en "un acto burocrático que permite la designación del director por la propia consejería, al tener mayoría de representantes".

Fete-UGT -que ha ratificado su oposición a este sistema de elección establecido en la controvertida Ley Orgánica de la Calidad Educativa (LOCE)- cree que la aplicación de la resolución "puede generar inseguridad jurídica para los participantes" en el proceso de selección, y que "no potencia los valores democráticos, en los proceso de selección de equipos, participación en la organización y gestión del centro". El procedimiento presentado, según el STEPV, "es una burla" y "no responde al criterio de eficacia en la gestión administrativa, ya que la baremación de méritos no añade criterios para seleccionar a los mejores candidatos y proyectos de centro".

El borrador de resolución, según explicó CC OO, "no sólo no da respuesta a los problemas existentes en la LOCE para que se incremente el número de docentes que quieran ser directores; sino que, además, lo complica muchísimo". La complicación procede del propio formato propuesto en la resolución, añade, ya que establece que cada centro constituya una comisión de compuesta por: 5 miembros de la Administración [que hay que multiplicar por 1.200 centros], 2 profesores y 1 padre y 1 alumno en el caso de centros de Secundaria, o 2 padres en los de Primaria. "La comunidad educativa no sólo queda marginada, al tener un voto minoritario", añade, "sino que la designación de los representantes de la Administración (inspectores) al no ser por sorteo, puede incurrir en la perversión de que ésta constituya comisión ad hoc".

De hecho, desde su llegada a la Generalitat en 1995, el PP se ha visto envuelto en un proceso administrativo y judicial [que se cerró hace dos años dándole la razón a los afectados, en su mayoría socialistas] por la anulación de un concurso oposición de inspectores y el posterior nombramiento "a dedo" de dos tercio del actual cuerpo de inspectores por razones de "afinidad" o "militancia" en el PP.