El suelo de la firma matriz fue recalificado para evitar una sentencia judicial

Tierra Atomizada, accionista mayoritaria de la cantera en la que participa la mujer de Carlos Fabra, protagonizó un litigio hace dos años cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó la ilegalidad de unas obras de ampliación realizadas en la factoría, ubicadas en L'Alcora. Los hechos se remontan a 1996 cuando la empresa amplió sus instalaciones sobre un suelo de protección agrícola, que cuenta con una protección especial y no permite el desarrollo de actividad industrial. Sin embargo, la empresa logró, con el Ayuntamiento de L'Alcora como valedor, que el Gobierno valenciano, presidido entonces por Eduardo Zaplana, aprobara una Declaración de Interés Comunitario, que anuló el Tribunal Superior en julio de 2001, declarándola "contraria a derecho".

La sentencia nunca se ejecutó y, por contra, el equipo de gobierno (entonces del PP) decidió recalificar el suelo para eliminar la protección alegando "el interés público por haber quedado obsoleta la calificación urbanística". El proceso tuvo otro elemento altisonante, ya que un técnico del mismo ayuntamiento de L'Alcora remitió al delegado del Gobierno valenciano en Castellón, Joaquín Borrás, en teoría, un cargo ajeno a la tramitación de la modificación, un informe en el que sostenía que "la única posibilidad de legalizar la actividad de Tierra Atomizada pasa por desposeer al suelo donde está instalada de su carácter de especial protección". Esta sociedad, por otro lado, ha recibido variadas subvenciones públicas: del Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa de Valencia -de la Consejería de Industria valenciana-, del Instituto Valenciano de Finanzas -Consejería de Economía-, de la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Economía y Hacienda.