Aprensión

Dos imágenes se superponen. En la primera, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, rodeado de medio centenar de cargos públicos del PP, lee ante los periodistas un comunicado de respuesta a las denuncias de tráfico de influencias formuladas contra él por un empresario que se habría beneficiado de ello. En la segunda, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas Martín, entra en la cárcel, rodeado por medio millar de simpatizantes del Partido Independiente de Lanzarote, para cumplir su condena por haber comprado el voto de un concejal del PP en 1995. En ambos casos, la apelación a la inocencia y un mensaje similar: "Yo no dimito". Sin embargo, ¿cuántos de quienes se hicieron la foto a la espalda de Fabra estarían dispuestos a arroparle, si llegase el momento, ante la cancela de la prisión? Hay, desde luego, una diferencia notable. El político canario se ha resistido a renunciar, con la complicidad de los populares, hasta el límite de lo posible, pese a que se trata de un convicto por corrupción con varias condenas en su currículo. Fabra, en cambio, es inocente mientras los tribunales no digan lo contrario. ¿Pero es de recibo que no abandone? Tiempo habrá de ver si, efectivamente, el político castellonense cobró por interceder ante la Administración con la finalidad de favorecer la tramitación de licencias para los productos fitosanitarios de Vicente Vilar, el empresario que lo ha denunciado. Para eso está el asunto en un juzgado. Pero todo el escándalo ha hecho emerger el perfil de un político cuyos negocios (tan elásticos como la consultoría de sociedades, por ejemplo) y los de su mujer (que vale lo mismo para el consejo de una empresa constructora que para ser socia de una firma dedicada precisamente a gestionar licencias fitosanitarias del Ministerio de Agricultura) causan una profunda aprensión. Aunque el PP sea en el poder la antítesis de aquel partido que clamaba por ceses y destituciones desde la oposición, si Fabra quiere ser más rico (su patrimonio y el de la familia han crecido visiblemente estos últimos años), está en su derecho de persistir en tan lucrativa actividad, tras abandonar su cargo, para que quede libre de sospecha la política institucional.