El Gobierno niega a mil familias las ayudas pedidas por el cuidado de sus mayores porque el presupuesto se agotó

Un millar de solicitantes de la ayuda de 2.710 euros para familias con ancianos inválidos a su cargo se han quedado sin ella porque el presupuesto destinado a este programa por la Consejería de Servicios Sociales se ha quedado corto. De las 4.872 familias que pidieron esta subvención, sólo la disfrutan 1.061. Otras 2.861 peticiones han sido rechazadas por no cumplir alguno de los requisitos exigidos, y las restantes, por falta de presupuesto.

Los responsables de la consejería admitieron en octubre, al anunciar la puesta en marcha de estas subvenciones, que ignoraban cuántos hogares cumplían los requisitos para recibirlas. "Podíamos haber esperado hasta tener un estudio, pero hemos preferido actuar y, a través de las solicitudes recibidas, saber qué necesidad existe de este servicio", explicó el entonces consejero de Servicios Sociales en funciones, José María Alonso Seco.

Portavoces de la consejería aseguran que el nuevo Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, del PP, mantendrá este programa el próximo año y lo dotará de fondos suficientes. El presupuesto de 2003 para esta iniciativa ha sido de 2,8 millones de euros, aportados a medias entre la Comunidad y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Estas subvenciones van dirigidas a hogares con una renta per cápita anual inferior a los 9.286 euros. Los solicitantes deben ser familiares del anciano al que atienden. Tienen preferencia, por este orden, los cuidadores que también sean mayores; los hogares con más de un jubilado impedido; los que tengan ancianos con un mayor grado de dependencia; los de menores ingresos, y aquellos en los que el cuidador tenga más edad que el enfermo. La dependencia del anciano se mide con informes de su médico.

Los receptores de estas ayudas deben ser mayores de edad y tienen que acreditar su residencia en la Comunidad y también la convivencia con el anciano durante el año previo a la presentación de la solicitud. Los peticionarios no pueden deber dinero a la Comunidad o a otras administraciones. Estas subvenciones son incompatibles con las pensiones contributivas por gran invalidez.