El acuerdo contra la siniestralidad enfrenta a empresarios y sindicatos

El preacuerdo firmado esta semana entre los sindicatos y el Ayuntamiento de Sevilla para prevenir los accidentes laborales ha deteriorado en dos días las relaciones cordiales que venían manteniendo el gobierno local y la patronal. Los firmantes manifestaron su voluntad de que los empresarios se sumaran al pacto, pero el presidente de la patronal, Fernando Guerrero, ha dejado claro que no sólo no piensa participar, sino que considera que el texto del acuerdo "traspasa" los límites de la legalidad. Guerrero opinó ayer que el acuerdo es una "barbaridad" y puso en duda que el Ayuntamiento pueda aprobarlo tras hacer las consultas legales pertinentes.

El acuerdo, aprobado ya por la comisión de gobierno municipal, otorga competencias a los sindicatos para controlar a las contratas y subcontratas e incluso para paralizar las obras en caso de que se incumpla la normativa de prevención de riesgos laborales.

Las nuevas medidas afectarán a todas las obras que realicen las diferentes delegaciones del Ayuntamiento, así como cualquiera de las cinco empresas municipales (Emasesa, Emvisesa, Tussam, Lipasam y Mercasevilla) y los dos organismos autónomos (la Gerencia de Urbanismo y el Instituto de Deportes).

En un comunicado, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) sostiene que la delegación municipal de Empleo, el Ayuntamiento y el alcalde "no pueden conceder poderes que ellos mismos no tienen". "Las competencias en materia de siniestralidad están perfectamente recogidas en la ley y, en ningún caso, se pueden suplantar las funciones encomendadas en ella", afirman los empresarios.

La patronal advierte al Ayuntamiento de que "aún está a tiempo" de rectificar. Si el gobierno sigue adelante con el pacto con los sindicatos las relaciones con los empresarios "irán por muy mal camino en esta legislatura, en la que prácticamente está obligando a una sindicalización de la empresa".

Los sindicatos, por su parte, insisten en que el pacto alcanzado con el gobierno es "el mejor instrumento" para frenar la siniestralidad e insiste en que no pretenden suplantar a la Inspección de Trabajo. Al secretario general de Comisiones Obreras en Sevilla, Rafael Fernández Serra, le causa "cierto estupor" que sean los empresarios "quienes invoquen" las garantías de la Ley de Prevención de Riesgos "cuando son el colectivo que más incumple las obligaciones legales contempladas en la misma".

El dirigente sindical denunció ayer que los empresarios "no se asombran de que existan obras con riesgo inminente para la seguridad y la vida de los trabajadores sino que, por el contrario, se asombran de que se les pueda paralizar los trabajos".