El Ejecutivo vasco atribuye la "inédita" resolución del Tribunal Constitucional a presiones del PP

El Gobierno vasco ha recibido con críticas la resolución del Tribunal Constitucional en la que da 10 días de plazo a los Ejecutivos central y de Euskadi para que presenten alegaciones a las impugnaciones presentadas por el Gabinete de José María Aznar contra el plan Ibarretxe. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga (EA), sostuvo ayer que la decisión es "inédita" y responde "sin duda" a las presiones del ministro de Justicia, José María Michavila, "y de sus colegas" sobre el alto tribunal.

El consejero y hombre fuerte de su partido en el Gobierno de Juan José Ibarretxe consideró que el plazo abierto "pone al descubierto la inconsistencia de las impugnaciones" del Gabinete popular. "Lo que ha hecho el Constitucional es tanto como confesar: 'Oigan, que estas acusaciones no tienen fundamento alguno; dennos más y que sean mejores", apuntó. Para el titular vasco de Justicia, "los servicios jurídicos del Estado han hecho mal los deberes" en su recurso, por lo que criticó que ahora el Constitucional les conceda una "gentil prórroga". Finalmente, explicó la decisión como "un intento de aparentar que se pretenden preservar las garantías jurídicas, imagino que para mantener la fachada ante un posible recurso a Europa".

No fue Azkarraga el único miembro del Ejecutivo de Vitoria que ayer se pronunció al respecto. El titular de Vivienda y líder de IU en Euskadi, Javier Madrazo, consideró que la resolución estaba "pactada de antemano entre los sectores más conservadores del Tribunal Constitucional, que son mayoría, y el PP". Un pacto que, en su opinión, buscaría admitir a trámite el recurso del Gobierno central e "intentar impedir el debate sobre el modelo de convivencia" en Euskadi.

Credibilidad de la Justicia

Por ello, reclamó al máximo intérprete de la Carta Magna, "desde el escepticismo", que "no sucumba a las presiones" políticas. "Está en juego la propia credibilidad de la Justicia, que en Euskadi está muy maltrecha", agregó.

Fuentes del Ejecutivo autónomo ya habían considerado el mismo jueves, tras conocer la decisión judicial, que ésta es "insólita" e "inhabitual". Para las mencionadas fuentes, el Constitucional ha dado ahora "una segunda oportunidad" a la Abogacía del Estado, a la que se le indica que "reconstruya su impugnación".

Desde las filas del PNV, su parlamentario vasco y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarría, afirmó ayer que el plazo planteado sólo busca "ganar tiempo" para convencer a los magistrados que se oponen a admitirlo.

El representante nacionalista recordó que el Tribunal Constitucional suele adoptar las decisiones por unanimidad de sus miembros o con una mayoría amplia. "Más de dos disidencias se considera perturbador y, en este caso, hay bastantes más", sostuvo.