Democracia contra violencia

Los españoles vienen considerando al terrorismo como uno de sus principales problemas públicos desde que se iniciara el proceso constituyente. Entonces supuso una amenaza para la Transición. Hoy apenas conlleva riesgos de inestabilidad democrática. Pero sigue tratándose de un fenómeno que viola sistemática y masivamente derechos humanos, perturbando el funcionamiento de un sistema político tolerante. El problema ha sido y es, sobre todo, la violencia de ETA, organización terrorista formada durante la década de los sesenta, aún bajo el franquismo. Sus miembros, adheridos a un nacionalismo vasco étnico y excluyente, han asesinado al 80% de las más de 1.000 personas fallecidas como resultado de atentados terroristas en España. Las demás perecieron a manos de grupúsculos de extrema izquierda, tramas ultraderechistas, otras bandas separatistas o redes internacionales. Aunque el terrorismo continúa siendo una seria preocupación para los españoles en general y los vascos en particular, lo cierto es que ETA entró en decadencia a lo largo de los ochenta y su deterioro se acentuó en la década de los noventa, lejos de la dramática escalada de violencia que desencadenó durante el periodo más decisivo de la democratización.

ARTÍCULO 55, 2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que (...) los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas

La media anual de víctimas mortales atribuidas a ETA fue de 81 entre 1978 y 1980, 34 entre 1981 y 1990 y 16 entre 1991 y 2000. En contraste, perpetró una media de siete asesinatos al año entre 1968 y 1977. Esta evolución del terrorismo ha sido consecuencia tanto del cambio político como de respuestas estatales adoptadas cada vez con mejores rendimientos y mayor legitimidad en el marco de una creciente cooperación internacional. También de las reacciones sociales contra el terrorismo. Paradójicamente, la decadencia de ETA fue modificando su articulación organizativa y sus pautas de victimización. Por ejemplo, el rango de los objetivos de la organización terrorista ha ido ampliándose con el tiempo. De prevalecer inicialmente entre sus blancos miembros de la Policía y el Ejército, pasó luego a mostrar igual saña contra civiles masacrados en atentados con coche bomba y realizados en distintos lugares del ámbito español, para, finalmente, matar vascos de muy diversa condición, caracterizados, eso sí, por sus posiciones no nacionalistas.

Ciudadanos y élites políticas creyeron en su momento que la democratización y el desarrollo autonómico harían desaparecer un terrorismo heredado de la dictadura. A corto plazo, el éxito de esas transformaciones estructurales fue limitado. Una de las dos facciones en que se encontraba escindida ETA a inicios de los ochenta decidió abandonar la violencia y autodisolverse, lo que les fue oficialmente facilitado mediante la reinserción. A medio y largo plazo, pese a todo, democratización y autogobierno son los factores que mejor explican la decadencia del terrorismo. Su efecto hubiese resultado insuficiente, claro está, en ausencia de respuestas policiales eficaces, decisiones judiciales innovadoras y una decidida colaboración hispanofrancesa. Ello fue posible tras la oportuna restauración del Estado de derecho que había sido quebrantado por los GAL, y gracias a un consenso político que ha favorecido la satisfactoria aplicación de medidas antiterroristas. Sólo ha faltado que los nacionalistas vascos moderados ayudasen a terminar con ETA en lugar de pactar con ella. Conviene no olvidar, por último, que tanto las instituciones representativas como la sociedad civil tardaron mucho tiempo en reconocer y dignificar a las víctimas del terrorismo.

Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.