El juez Del Olmo deja libres a los nueve detenidos por 'Egunkaria'

El juez Juan del Olmo dejó ayer en libertad a los nueve detenidos en relación con Egunkaria, lo que produjo cierta sorpresa en medios jurídicos habida cuenta de que estuvieron cinco días incomunicados y los interrogatorios del magistrado duraron 22 horas.

A petición de la fiscal Olga Sánchez, el juez impuso fianzas de 30.000 euros a Mikel Sorozabal y José María Sors Bagués, y de 12.000 euros a Miguel Ángel Azcune Alberdi, Javier Legarra y Juan María Larrarte. El resto, incluido el abogado Eneko Etxeberria detenido el lunes cuando asistía a Amando Hernández, quedaron en libertad sin fianza, pero con obligación de estar localizables en sus domicilios. Hoy serán recibidos en el parque Martín Ugalde de Andoain por representantes de organismos del mundo del euskera.

El magistrado, tras señalar lo complejo de la investigación considera que Azcune, Legarra, Larrarte, Sorozabal y Sors han podido participar en un delito fiscal, falsedades contables y defraudaciones de subvenciones públicas en relación con otro de terrorismo. Agrega que Azcune, Sorozábal y Larrarte han podido incurrir en apropiación indebida.

El juez considera que existen una pluralidad de indicios "que perfilan un entramado delictivo de matiz económico, directamente vinculado con el proyecto Egunkaria (...) y que estaría dirigido, mediante la creación de un conjunto de sociedades y entidades interrelacionadas, a generar un flujo económico, opaco al control estatal y de la Administración Tributaria, ajeno a los circuitos y modos normalizados del actuar mercantil".

Los partidos que sustentan el Gobierno vasco, PNV, EA e IU, indicaron que lo sucedido con esta operación policial quiebra de manera "grave" el principio de presunción de inocencia de los afectados. El tripartito cree que la puesta en libertad de los arrestados demuestra el "despropósito" de la operación. El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, aseguró directamente que no existe presunción de inocencia y se preguntó: "¿Quién se responsabiliza de la aplicación de la ley antiterrorista a estas personas y del daño causado a la credibilidad de esa empresas y a su honor?".