Explosión en La Paz

La protesta iniciada hace 40 días en Bolivia contra la exportación de hidrocarburos a Estados Unidos se ha convertido en todo un amago de revuelta popular, y en una grave crisis de Gobierno. El presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, ha esperado parsimoniosamente a que murieran docenas de manifestantes a manos de las Fuerzas Armadas en los choques de estos días en El Alto, cerca del aeropuerto de la capital, para tomar decisiones. No habrá de momento exportación de gas, operación en la que figura la firma española Repsol YFP, y menos aún, como encrespaba a la protesta, a través de un puerto chileno que Bolivia reclama como suyo desde que perdió la guerra de 1879, y con ella, su salida al mar.

Los trabajadores de la industria del gas se han sumado a un paro de 72 horas, junto a cocaleros, panificadores, transportistas y maestros, inspirados por el Movimiento al Socialismo del ex candidato presidencial, el líder indígena Evo Morales, que promueve marchas y el bloqueo de la principal carretera a La Paz. Morales fue el candidato más votado en las elecciones presidenciales celebradas en agosto de 2002, pero Sánchez de Lozada, que había obtenido sólo el 22,5% de los sufragios, le desplazó en la votación parlamentaria mediante un acuerdo con varias formaciones políticas.

Ante la revuelta popular que se extiende desde hace semanas, el presidente ha anunciado que no habrá exportaciones de gas sin celebrar unas consultas con la ciudadanía cuya naturaleza no ha precisado. Enfrente, la posición protogolpista de Morales viene a significar que el forcejeo sólo puede terminar con la renuncia del presidente. No es extraño que se hable, sin hipérbole, de confrontación civil.

Detrás de todo ello se halla la crecida política de una nación indígena y mestiza, que protesta por la venta de un bien patrimonial, pero sobre todo por el atraso en que vive y la escasa representación política que alcanza esa gran mayoría del pueblo boliviano. Por ello, urge celebrar conversaciones de amplia base, organizadas por mediadores sociales como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, entre las fuerzas parlamentarias antes de que se desintegre totalmente un Gobierno del que ya se han desvinculado el vicepresidente y varios ministros, partidos, sindicatos y líderes populares. El problema del poder no va a resolverse de un plumazo, pero sólo así cabe evitar el estallido de un gravísimo enfrentamiento.