Libia despeja la vía para poner fin a las sanciones de la ONU

París afirma que "se han encontrado las bases de un acuerdo" entre los familiares de las víctimas del atentado contra el avión DC-10 de UTA en 1989 y las autoridades libias. El abogado Francis Szpiner, próximo al presidente Jacques Chirac y representante de los citados familiares, afirmó que "el principio de una indemnización equiparable y satisfactoria ha sido asumido. El montante de las indemnizaciones será correcto".

El DC-10 de la compañía francesa UTA fue derribado sobre el Sáhara por una bomba de origen libio. Causó 170 muertos y seis ciudadanos libios fueron juzgados -y condenados- en rebeldía en 1999, entre ellos el actual jefe de los servicios secretos del Gobierno de Trípoli. Francia obtuvo como indemnizaciones entre 3.000 y 30.000 euros por cada víctima.

Otro avión, el Boeing americano de Pan Am que explotó sobre Escocia en 1988 con un balance de 270 muertos, también fue objetivo del terrorismo libio. El pasado mes de agosto Londres y Washington anunciaron estar dispuestos a votar a favor de levantar las sanciones contra Libia adoptadas por la ONU en 1992. EE UU mantendría vigentes sus sanciones unilaterales, pero los 2.700 millones de dólares que Libia aceptaba pagar como reparación a la catástrofe causada por sus agentes -Muammar el Gaddafi sigue negando tal implicación política, pero dice que su país está obligado a pagar "si no queremos seguir viviendo en libertad provisional"- eran dólares suficientes para devolver Libia a la llamada "comunidad internacional".

París amenazó con vetar la resolución del Consejo de Seguridad si no se equiparaban los muertos franceses y africanos a los anglosajones. EE UU habló de "la hipocresía de París", pero la enésima repetición del diferente trato legal concedido a las víctimas del terrorismo según sean estadounidenses o no encontró un eco indignado entre los otros países del Consejo de Seguridad, muchos de los cuales respaldaron la posición de París.

Trípoli parece dispuesto a acceder a las exigencias de París y a pagar hasta 120 millones de euros, amén de autorizar a los familiares de las víctimas a organizar una ceremonia en su memoria en el lugar donde cayó el avión. El dinero se pagaría a través de la fundación humanitaria de uno de los hijos de Gaddafi, que de esta manera evita que sea el Estado libio quien reconoce la deuda.

El acuerdo, que debería concretarse en el plazo de 48 horas, permitiría a Londres presentar de nuevo su proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad. Las sanciones de la ONU serían levantadas cuando Trípoli pagase el primer tercio de las indemnizaciones, las estadounidenses al abonarse el segundo plazo y el tercero borraría Libia de la lista de "Estados terroristas". Ése es el precio de ganarse el derecho a una nueva legalidad.