La SEPI reafirma el veto a la salida del Grupo Matutes de Trasmediterránea
El grupo familiar Matutes de Ibiza, vinculado al ex ministro de Exteriores y ex comisario de la Unión Europea Abel Matutes, se mantendrá en posición minoritaria en el accionariado de Trasmediterránea, naviera recientemente privatizada en la que posee un 12%, tras integrarse como primer socio en Baleària, una rival directa. Además, el Grupo Matutes tiene previsto permanecer en el consejo de administración de Trasmediterránea hasta que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le permita vender su participación. No obstante, este organismo confirmó ayer su veto a la salida de Matutes del capital de la naviera.
Los navieros de Ibiza niegan un pulso con la sociedad estatal y sostienen que es posible la venta de su participación del 12% en Trasmediterránea, que fue adjudicada hace un año a un consorcio liderado por Acciona (55%) y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (15%). El Grupo Matutes cree que la venta no menoscabaría los acuerdos de privatización.
Además de su paquete en Trasmediterránea, los Matutes ostentan desde anteayer cerca del 42% de Baleària. Ante el aparente conflicto y concurrencia de intereses, que la firma Matutes rechaza, la SEPI insistió ayer en su negativa a facilitar la salida del capital de Matutes, que tenía pactada la venta de sus acciones a Acciona y la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Matutes ha incorporado a Baleària la propiedad del trasbordador Illa de Botafoch, que seguirá siendo explotado hasta 2004 por Trasmediterránea. Fuentes del entorno de Abel Matutes, con tres generaciones de intereses navieros y consignatarios y cuyo abuelo fue con Juan March uno de los fundadores de Trasmediterránea, explicaron que existen informes jurídicos que dan como "perfectamente posible y legal" el abandono de una posición de peso del accionariado de la naviera privatizada.
Venta "no especulativa"
La decisión de los Matutes de vender su paquete no es "especulativa". Según las mismas fuentes, "el precio de venta será el resultado de la suma del valor inicial de las acciones, los gastos generados en la adjudicación, los intereses acumulados y un tanto alzado por la parte correspondiente a los beneficios del año transcurrido desde la privatización".
La SEPI reitera que "no se dan las circunstancias sobrevenidas y excepcionales que posibilitarían la autorización" de venta, y aduce que las razones utilizadas por los navieros de Ibiza "no se ajustan a lo estipulado en el contrato de compraventa".
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