Encarcelado en Sevilla un maltratador reincidente

Emilio S. V., de 28 años, ingresó en prisión preventiva en Sevilla como supuesto autor de un delito de malos tratos hacia su pareja, una mujer de 42 años, que llevaba varios días sin comer y amenazada de muerte cuando la policía entró de madrugada en el domicilio que ambos compartían. La mujer sufría constantes vejaciones y palizas por parte de su compañero con el que estaba conviviendo desde hacía tres años.

En la decisión judicial ha pesado el historial del detenido que, según informó la Jefatura Superior de Policía, tenía antecedentes por "hechos similares a los denunciados". La víctima explicó que su agresor es adicto a la cocaína y que comenzó a pegarle a partir de los siete meses de convivencia. La intervención de la brigada provincial de Policía Judicial se produjo tras la denuncia presentada por la madre de la mujer, que había confesado a su familia que sufría agresiones físicas y psíquicas y que vivía atemorizada ante sus amenazas, que también dirigía hacia el resto de la familia.

Cuando los agentes accedieron a la vivienda encontraron al hombre acostado sobre su cama y a la mujer tumbada sobre un edredón en el suelo. La víctima explicó que llevaba varios días recluida y que la había amenazado de muerte si abandonaba la casa. Ante su desnutrición y el pésimo estado de salud que mostraba la mujer, que llevaba varios días sin comer, los agentes la trasladaron hasta un centro sanitario para que recibiese atención de urgencia.

En lo que va de año tres mujeres han muerto en Andalucía debido a las agresiones de sus compañeros. En todo el territorio los casos mortales se elevan a 21, a las que se suman otras 34 mujeres que sufrieron intento de asesinato u homicidio, según datos del Instituto de la Mujer. Las cifras de este año representan un aumento del 17% en relación con 2002.

La Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género, que aglutina a numerosas organizaciones, reclama la elaboración de una ley integral contra la violencia de género, que fue rechazada por el grupo parlamentario del PP en el Congreso en septiembre.