Juicio por tráfico de drogas contra un ex jefe de estupefacientes de la policía
El fiscal pide 18 años de cárcel para el inspector Rodríguez Macías
El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga juzga desde ayer al ex jefe del Grupo III de Estupefacientes de la Comisaría de Málaga, Bernardino Rodríguez Macías, y a otras siete personas por tráfico de drogas. El fiscal acusa al inspector de quedarse con parte las sustancias que intervenía su grupo para venderlas y le pide 18 años de cárcel. Entre los acusados hay también un ex jugador de fútbol.
Los hechos que dan lugar al juicio que comenzó ayer y que se extenderá hasta octubre se remontan a 1998. La Guardia Civil llevaba a cabo una investigación sobre un grupo de pequeños traficantes que operaban en la barriada de El Palo, y cuyo líder era el ex jugador del Málaga José Aído.
Según el escrito de acusación, las indagaciones llevaron a la Guardia Civil a establecer que quien abastecía a José Aído era el jefe del Grupo III de Estupefacientes de la Málaga, que distraía parte de la droga que intervenía y se la pasaba al ex futbolista para que la distribuyera. El fiscal mantiene que Bernardino Rodríguez disimulaba los hurtos sustituyendo la droga por otras sustancias y alterando los atestados policiales.La Guardia Civil aportó pruebas de tres operaciones en las que el inspector de policía presuntamente se apropió de partidas de cocaína, heroína y hachís por las que cobró a José Aído 28.247 euros. Tras su detención se encontraron 66.123 euros en su casa.
Ayer se escucharon las declaraciones de los dos principales acusados. Bernardino Rodríguez negó los hechos que se le imputan. Aseguró que la Guardia Civil había urdido "acusaciones falsas" contra él porque mantenía malas relaciones con su grupo debido a "un encontronazo por una operación anterior", y que había "utilizado" a José Aído, con antecedentes por tráfico de drogas y confidente suyo, para que lo implicara.
El inspector explicó que el dinero encontrado en su casa y los bienes que poseía procedían del patrimonio familiar, y negó haber tenido ninguna relación extraprofesional con el resto de acusados. Su defensa explotó las contradicciones existentes entre las fechas de la venta de la droga y las operaciones policiales en que el acusado había intervenido.
José Aído, para quien el fiscal pide 10 años de cárcel, se reconoció como consumidor y pequeño traficante de drogas, y aseguró que Bernardino Rodríguez había sido su proveedor "desde 1991". Dijo que trabajaba con él porque eso le garantizaba que la policía "no molestaría". También acusó al inspector de haberle ofrecido dinero si cambiaba su declaración.
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