Peajes hostiles

No es difícil explicar la decisión de Alemania y Francia de imponer peajes a los camiones que usen sus autovías en función de las dificultades presupuestarias de ambos países, agobiados por las exigencias de reducir sus respectivos déficit públicos a los límites establecidos en la Unión Monetaria. Pero, evidentemente, los apuros presupuestarios no son la única razón. Ambos países se han decidido a utilizar el instrumento de los precios -con diferencias temporales, puesto que el Gobierno alemán parece dispuesto a imponer una tasa de 15 céntimos por kilómetro a partir del 31 de agosto y el francés planea implantar la tasa en 2006- también para resolver algunos problemas estructurales: el peso excesivo del transporte por carretera en perjuicio de otros tipos de transporte o la financiación del mantenimiento de las carreteras.

La racionalidad de los peajes blandos para resolver los problemas de las infraestructuras públicas está fuera de toda duda. Es un procedimiento tan lícito como eficaz. Tampoco cabe argüir supuesto trato discriminatorio a transportistas de terceros países, puesto que los empresarios franceses y alemanes serían los primeros en soportar el peso de la tasa; ni debe apelarse a los peligros de los regímenes heterogéneos de costes dentro de la UE, puesto que existen desequilibrios tanto o más graves que ése como es, por ejemplo, la subvención al precio del gasóleo. Por estas razones se entiende mal el rechazo con que el Gobierno español ha recibido el anuncio de las tasas alemana y francesa.

Se puede especular sobre las razones de esta hostilidad, desde la defensa cerrada de los intereses de las empresas de transporte por carretera hasta el desprecio a medidas que provengan de la vieja Europa; pero lo cierto es que el recurso a un peaje blando en las autovías españolas sería una solución política y económica razonable para resolver los graves problemas de infraestructuras en España, desde el exceso de tráfico pesado hasta el vergonzoso estado de las autovías y carreteras, cuyo firme empieza a merecer el calificativo de tercermundista por culpa de la afición del Gobierno a venerar el equilibrio presupuestario incluso por encima de la seguridad del tráfico. En este caso, como en tantos otros, al Gobierno habría que exigirle al menos un minuto de reflexión antes de reaccionar visceralmente ante medidas perfectamente ortodoxas que tal vez un día se vea obligado a aplicar.