La gestión del PER, la principal renuncia del Ejecutivo andaluz

Las "dificultades técnicas" han sido el escudo tras el que se ha parapetado el Gobierno central para explicar la falta de acuerdo con la Junta de Andalucía sobre las políticas activas de empleo. Pero en realidad, la negociación entre ambas Administraciones ha sido menos compleja de lo que el tiempo transcurrido (seis años) parece indicar. Las diferencias se limitaron en principio al número de funcionarios (El Gobierno estaba dispuesto a ceder sólo 1.400, la Junta reclamaba 2.000 y el acuerdo ha quedado en 1.630) y, sobre todo, a la gestión del Plan de Empleo Rural (PER).

El PER (unos 120 millones de euros al año para Andalucía) es un plan estatal que financia obras públicas en los municipios con el objetivo de proporcionar peonadas a los jornaleros andaluces y extremeños en paro. La Junta reivindica que se trata de políticas activas de empleo y pide desde 1997 la inclusión de estos fondos en el traspaso. En marzo de 2001, el Ejecutivo andaluz se mostró dispuesto a compartir la gestión de estos fondos con el Gobierno. Un año después, la firme negativa del Ejecutivo central, que había acordado ya el traspaso a Extremadura sin incluir el PER, hizo desistir a la Junta, aunque el texto del decreto reconoce que es una política activa y abre la puerta a futuras fórmulas de colaboración.