Los afectados por 'Ardystil' piden una sentencia justa al acabar el juicio, once años después de los hechos

"Sólo espero una sentencia justa, y si son padres, que sepan ponerse en nuestro lugar". Éste fue el único anhelo que ayer expresó Consuelo Ragüés, madre de las dos jóvenes hermanas fallecidas en una fábrica de aerografía textil en Alcoi, al término de la vista oral del denominado caso Ardystil, once años después de ocurrir los hechos. El síndrome laboral producido por la inhalación de productos químicos causó en total seis muertes y afectó a un centenar de operarios más, ninguno de ellos clínicamente curado en la actualidad.

Los 10 empresarios procesados se enfrentan a un total de 26 años de cárcel, según la petición final del fiscal. Las acusaciones particulares han imputado a un inspector de Trabajo para el que solicitan dos años de prisión. En su informe final, el ministerio público consideró probado que el síndrome se originó por la inhalación de productos químicos y la falta de seguridad e higiene en las fábricas.

El fiscal solicita una indemnización global de unos 6 millones de euros y ha declarado responsables civiles subsidiarios a las tres químicas que suministraban los productos, entre ellas la firma Bayer, y cinco compañías aseguradoras. Las acusaciones particulares duplican la cantidad global de indemnización y amplían la responsabilidad civil al Estado y la Generalitat Valenciana.

La presidenta del tribunal, la sección tercera de la Audiencia de Alicante, pronunció el esperado "visto para sentencia" después de 28 sesiones y la comparecencia de un centenar de testigos. La vista oral culminó con los informes finales de los letrados del Estado y la Generalitat Valenciana imputados, a propuesta de las acusaciones particulares, como responsables civiles subsidiarios. Ambos abogados rechazaron cualquier responsabilidad de la Administración en los hechos porque, a su juicio, el único funcionario imputado, el inspector de Trabajo, no incurrió en infracción penal.

Tras los informes finales, los procesados hicieron uso de la palabra, en unos casos para insistir en su inocencia y en otros, como el de la principal encausada, Juana Llácer, dueña de Ardystil -en esta fábrica murieron cinco trabajadoras- para despertar la indulgencia de la sala. "La acusación particular me pide la pena máxima, que creo que ya he cumplido con creces con el sufrimiento de estos últimos once años", dijo la procesada.