La Cruz Roja atenderá a los ocupantes de los cuarteles de Sant Andreu

Principio de acuerdo para resolver el conflicto de los cuarteles de Sant Andreu, ocupados desde el pasado verano por un grupo de 400 personas, entre inmigrantes, okupas y bandas de presuntos delincuentes. Después de meses en que las diferentes administraciones se han echado la culpa entre ellas por el deterioro de la zona y el creciente malestar de los vecinos, la Generalitat y la Cruz Roja ultiman un plan para atender de forma personalizada a los inmigrantes.

Un portavoz del Departamento de Bienestar Social explicó ayer que "se está trabajando para diagnosticar los problemas de estas personas y atenderles en la medida de lo posible", aunque de momento la Generalitat no pone una fecha para el posible realojo de estas personas. Desde la Cruz Roja la solución se ve "cercana", aunque se insiste en la "dificultad" de encontrar salidas a la gran precariedad que sufren muchos de los residentes en los cuarteles.

El papel que desempeñará la Cruz Roja será, básicamente, el de conocer las necesidades de estas personas y, posteriormente, encontrar un alojamiento temporal para quienes lo necesiten. Esta función la desempeñará la Cruz Roja en cumplimiento del acuerdo que firmó esta institución, junto con Cáritas, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, según el cual las dos organizaciones gestionarán la ayuda que el Gobierno central debe prestar a los inmigrantes sin papeles mientras éstos se encuentran en España.

Según los datos que barajan las administraciones, sólo un centenar de los ocupantes de los cuarteles son susceptibles de recibir ayudas. Según diversas fuentes, los técnicos consideran que el resto de las personas se encuentran de paso en la ciudad, son extranjeros comunitarios o están en condiciones de buscarse una salida por sí mismos.

Mientras tanto, los vecinos de la zona siguen mostrando su malestar por la degradación que sufren los alrededores de los cuarteles. Ayer por la tarde, decenas de personas volvieron a manifestarse por las calles de Sant Andreu exigiendo una solución a la degradación de los cuarteles y para que se agilice la construcción de los equipamientos que deben levantarse en el solar.

Durante 2002, el Ministerio de Defensa requirió el desalojo de los cuarteles por vía administrativa, pero quedó paralizado por la presentación de un recurso que debe resolver el Juzgado Central de Madrid. Actualmente, Defensa ha iniciado un proceso civil de desahucio, aunque ninguna Administración sabe cuándo podrá llevarse a cabo.