Manglano y Calderón se niegan a declarar en el comienzo del juicio por las escuchas ilegales a HB

Los ex directores del Cesid Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón se negaron ayer a declarar durante la primera sesión de las cuatro previstas del juicio por las escuchas ilegales a HB, la ahora suspendida Batasuna, en Vitoria. Ambos se acogieron a la legislación sobre secretos de Estado y al acuerdo del Consejo de Ministros de julio de 1998, que negó la desclasificación de la información relativa al caso. De los otros cuatro imputados que ocupaban dos pisos cercanos a la sede de HB, la fiscalía sólo acusa a dos por descubrimiento y revelación de secretos.

El juicio se reanudará hoy en la Audiencia Provincial de Álava a las diez de la mañana con las declaraciones del delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, y el ex jefe de la Agrupación Operativa del Cesid, Juan Alberto Perote, para explicar su relación con un caso que se remonta al 31 de marzo de 1998.

Técnicos de telefónica detectaron durante una modificación de la instalación que las líneas del partido político estaban intervenidas con derivaciones que, a través de un techo falso, conducían al piso de encima. Piso que, según la fiscalía, ocupaban los agentes Mario Cantero y Francisco Buján, para los que pide 30 meses de prisión, multa y ocho años de inhabilitación. Poco después la juez instructora inspeccionó otro segundo piso enfrente de la sede en el que, según la acusación, los militares Javier Castelar y Felipe García grababan la entrada de la sede de la formación abertzale.

Durante la sesión de ayer todos los acusados negaron los cargos que les imputan fiscalía y acusación, incluso su pertenencia al Cesid. Y en un claro gesto de protesta se negaron a responder a los abogados de Batasuna Federico Sáenz de Santa María e Iñigo Sancho. Salvo algunas sin trascendencia que formuló el fiscal, Alfonso Aya, las demás quedaron sin respuesta.

Silencio o delito

Los ex directores del Cesid fueron los últimos en tomar la palabra y justificaron su silencio porque con su declaración incurrirían en delito. Tan sólo Emilio Alonso Manglano se dirigió enfadado a uno de los abobados de la acusación para rebatirle que su silencio fuera interesado. Manglano y Perote fueron condenados en mayo de 1999 a seis meses de prisión por escuchas ilegales al Rey y a numerosos políticos, empresarios y periodistas.

Cinco años después la situación ha cambiado para Herri Batasuna, ya que se encuentra en proceso de ilegalización y con su sede de Vitoria clausurada por el juez. Sin embargo, en 1998 el descubrimiento del pinchazo obligó al ministro de Interior, Eduardo Serra, a comparecer en el Congreso, donde anunció la destitución de un coronel y un capitán destinados en la División Interior del servicio secreto.