El juicio por el escape tóxico de Rontealde en 1994 se celebrará en mayo

La Audiencia de Bilbao ha fijado para el próximo 5 de mayo el juicio por el escape tóxico de la empresa Rontealde de Barakaldo, nueve años después del accidente, que causó la muerte de un vecino de la localidad vizcaína. En el banquillo se sentarán tres directivos de la planta química, para cada uno de los cuales el fiscal pide tres años de cárcel y siete de inhabilitación, además del pago de una indemnización conjunta de 49.000 euros. Ésta es la primera causa judicial en España por delito ecológico con resultado de muerte.

La vista oral requerirá al menos ocho jornadas, según el cálculo de la Audiencia, debido a la extensa toma de declaraciones. La fijación de la fecha de la vista oral se ha ido retrasando, como todo el proceso. La última barajada había sido este mes de febrero, pero se ha demorado hasta mayo por las dificultades para localizar a algunos testigos. Especialmente largo ha sido el proceso de formulación de los escritos de cada parte, pues a finales de 1999 ya estaba disponible el documento de acusación del fiscal. Sin embargo, la Audiencia cerró la instrucción el pasado 13 de septiembre, casi tres años después.

El escape tóxico en Rontealde ocurrió el 21 de octubre de 1994 y causó la muerte del vecino de Barakaldo Jesús Artiagagoitia, de 70 años. El fiscal establece en sus conclusiones una relación directa entre las emanaciones tóxicas y el fallecimiento. La fuga tóxica obligó a hospitalizar a otras seis personas y causó afecciones respiratorias a una veintena.

12 veces más de lo legal

El fiscal concluye también que se produjeron emanaciones de dióxido de azufre 12 veces superiores a los límites legales y que Rontealde cometió múltiples irregularidades, como la puesta en marcha de la producción sin tener en cuenta las condiciones climáticas, el incumplimiento de las prescripciones técnicas del sensor y la falta de una consulta previa al Gobierno. Estima que se produjo un delito contra el medio ambiente, junto a otro de homicidio imprudente y varios de lesiones a las personas que sufrieron problemas respiratorios.

Los tres procesados son el director de la planta química, José Elizalde, y sus jefes de Producción, Koldo Iturrarte, y Mantenimiento, Mariano Ruiz. El primero está acusado de ser "la persona que verificó el proceso de arranque y el que tenía el control de la operación probablemente defectuosa". Al jefe de Producción, el Ministerio Público le responsabiliza de dar "la orden de que se proceda al arranque de la planta sin previo aviso que provoca la emisión en cantidades superiores a las legalmente establecidas" y al de Mantenimiento, del "control y cuidado del sensor".

Las acusaciones particulares piden un año más de prisión para cada acusado, mientras que la familia del fallecido no formuló acusación al llegar a un acuerdo extrajudicial de indemnización con Rontealde. Las defensas de los directivos y de la empresa han pedido la absolución.