Un edil de Vilafranca tacha de "terrorismo judicial" la sentencia de 'L'Oca'

El Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), gobernado por el PSC, se ha sumado a la campaña de solidaridad con el consistorio de Banyoles (Pla de l'Estany) y ha aprobado por unanimidad una moción en la que se lamenta de que la justicia haya responsabilizado por igual a los dueños de la nave y al ex concejal Josep Alsina, condenados por el hundimiento de la barca L'Oca, que causó la muerte de 21 jubilados franceses. El texto ya es de por sí contundente, pero en el momento de plantear verbalmente su argumentación, Jordi Cuyàs, portavoz del PSC, fue más allá y calificó la sentencia de "terrorismo judicial".

Cuyàs no se mordió la lengua y aseguró que "la resolución tiene un efecto tan disuasorio como el que pueda tener un atentado". En su opinión, sentencias como la dictada por la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Girona provocan que los ciudadanos se lo piensen dos veces antes de plantearse el reto de entrar en la política municipal. En un tono menos provocador, el alcalde socialista de Vilafranca, Joan Aguado, aseguró que es "inadmisible" que la responsabilidad de un suceso como el de Banyoles también recaiga sobre un concejal.

La moción fue presentada y respaldada por todos los grupos (PSC, CiU y ERC), a excepción del PP, ya que su único representante no acudió al pleno por enfermedad. Los portavoces municipales expresaron su solidaridad con el Ayuntamiento de Banyoles y mostraron su sorpresa ante la decisión judicial.

El portavoz de CiU, Raimon Gusi, consideró que la sentencia debe abrir una puerta a la reflexión que plantee la necesidad de afrontar cambios legislativos que eviten en el futuro volver a encontrarse en una situación similar. Gusi sostiene: "No puede ser que para ser concejal tengas que ser también experto en navegación". En un sentido parecido se expresó el concejal de ERC Ramon Xena, quien advirtió que la responsabilidad por las muertes debería recaer en el Ministerio de Fomento. Los republicanos expresaron su deseo de que las leyes estén dotadas también de mecanismos que las hagan cumplir.