La Sindicatura de Cuentas entrega al Parlament el informe sobre Movilma

La Sindicatura de Cuentas entregó ayer al Parlament su informe de fiscalización sobre los contratos formalizados por el Ayuntamiento de Barcelona y el grupo Movilma en el periodo 1986-1996, siendo alcalde Pasqual Maragall.

El contenido del informe revela diversas deficiencias, de algunas de las cuales se podrían derivar "responsabilidades", en los contratos suscritos por la empresa y algunos institutos municipales. El informe recuerda que Movilma presentó una solicitud de suspensión de pagos en diciembre de 1995 y se aprobó el convenio de acreedores en enero de 1997, lo que "puede cuestionar" que sus empresas "tuvieran estructura y solvencia suficientes en el periodo en que fueron adjudicatarias de contratos" por valor de 221.559.990 pesetas, más de 1,3 millones de euros. Asimismo en el informe se sostiene que la mayoría de los expedientes contractuales verificados "están incompletos". En la misma línea, se señala que los importes de las garantías constituidas correspondientes a los contratos "no se ajustan" en su mayoría al 4% del presupuesto total de la obra fijado por ley. El caso Movilma llegó a los tribunales en marzo de 1996 por una denuncia de sus acreedores, que acusaban al grupo empresarial de desviar para otros fines el dinero con el que debía pagar a empresas subcontratadas para la construcción de los colegios Seat Zona Franca y Tabor.

Sostenían, además, que no les pagó las deudas pendientes después de suspender pagos en diciembre de 1995 y de que el Ayuntamiento de Barcelona rescindiera la adjudicación de obras al grupo. El caso provocó el cese del entonces portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Antonio Santiburcio, y de los gerentes de Sant Andreu y Nou Barris. La fiscalía siempre sostuvo que existían "irregularidades contables", pero en ningún caso delito. El caso se archivó en enero de 1999.