El Tribunal de Cuentas censura a TVE por el uso de intermediarios en la compra de películas

En su informe de fiscalización de RTVE durante los años 1996-1999, el Tribunal de Cuentas ha observado deficiencias en la contratación de programas a empresas externas y aconseja su reducción, en especial en lo que se refiere a la incorporación de personal externo. Además, expone que la adquisición de largometrajes y series a través de intermediarios, dada la capacidad de negociación directa de TVE, encareció innecesariamente su precio. El ente público cerró cada uno de los citados ejercicios con un déficit de explotación próximo a los 100.000 millones de pesetas.

El Tribunal de Cuentas examina detalladamente la situación financiera, los estados contables, ingresos publicitarios, producción y gestión de personal de RTVE durante los ejercicios comprendidos entre 1996 y 1999, es decir, durante la etapa en la que el ente público estuvo gestionado sucesivamente por Mónica Ridruejo, Fernando López-Amor y Pío Cabanillas.

En el capítulo dedicado a la producción de programas, el informe resalta un incremento del 83,6% en producción ajena, pasando de 14.598 millones de pesetas a 26.804, "lo que supone una desviación significativa de las políticas de contención aplicadas entre 1993 y 1996".

También detecta un encarecimiento de costes, atribuido a que en numerosas ocasiones las productoras aportan medios y realizan prestaciones que podrían ser gestionados por TVE. Al analizar la contratación de colaboradores, precisa que "TVE infrautiliza los recursos humanos propios disponibles" y resalta el elevado número de asesores (155 en el año 1998) contratados por el ente público.

La política de compras, según el documento, no se rige por criterios de economía y eficiencia, ya que a veces se adquieren productos audiovisuales de elevado coste sin tener planificada las franjas de emisión a cubrir.

Hasta 1996, según el informe, TVE contrataba largometrajes, directamente a las grandes distribuidoras, una tendencia que se quiebra en 1997 y 1998 con la aparición de intermediarios que negocian con los estudios de Hollywood. Sin dar nombres, especifica que el proveedor principal facturó el 73,4% de las compras (14.160 millones de pesetas). El precio de 38 películas de estreno en televisión fue de 110 millones de pesetas de media. En estos contratos, el Tribunal observa anomalías relacionadas con la fecha de los contratos, ya que algunos materiales se entregaron después de la entrada en vigor del contrato. Además, en 1998 se compran menos horas de emisión que el año anterior, pero su precio sube más de un 40%. En ese año caducaron antes de ser emitidas casi cuatro mil horas de programación. Cabanillas afirma en el capítulo de alegaciones que en 1999 se corrigió la contratación de películas a través de intermediarios.

En cuanto a la producción propia, el tribunal señala que en los presupuestos de los programas no existe "una correlación económica" entre espacios similares, lo que provoca "importantes desviaciones entre el presupuesto inicial y el coste final".

Respecto a las retribuciones del personal directivo, menciona el caso de un alto cargo (sin citarlo) que abandonó el ente en 1998 voluntariamente y sin embargo percibió 31 millones de pesetas por la cesión de derechos de imagen. El Tribunal se extraña de que TVE no hubiera reclamado una indemnización y considera anómalo que otras indemnizaciones no fueran acompañadas de correspondiente retención fiscal.