La reforma permitirá encarcelar a imputados por violencia doméstica

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros permitirá a los jueces decretar la prisión preventiva para los imputados por violencia doméstica. La medida también podrá aplicarse cuando los imputados quebranten una orden de alejamiento. La reforma legal facilitará a los jueces dictar prisión provisional a los autores de delitos castigados con menos de dos años de cárcel.

El anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -cuyo texto pasa a estudio del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado y que cuenta con el acuerdo en sus líneas básicas del PSOE, CiU y Coalición Canaria- aumenta los supuestos de aplicación de la prisión provisional para los delincuentes reincidentes, los integrantes de una banda organizada así como los imputados por violencia doméstica. Se mantienen los supuestos, recogidos en la legislación vigente, de riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Con la legislación actual, según explicó ayer el ministro de Justicia, José María Michavila, no se aplica prisión provisional a los imputados por violencia doméstica -agresiones, lesiones, coacciones y amenazas-. Tampoco se aplica la prisión provisional al incumplimiento de la medida cautelar de alejamiento para los imputados en la violencia doméstica.

La nueva legislación prevé expresamente por primera vez que los imputados por violencia doméstica puedan ser sometidos a la medida cautelar de la prisión provisional. También prevé que el incumplimiento de una medida cautelar, como el alejamiento, pueda determinar que el juez acuerde la prisión provisional.

Menos delitos en la calle

Michavila explicó ayer, tras el Consejo de Ministros, que la reforma supone "un nuevo paso en la lucha contra la delincuencia", dotando al sistema judicial de instrumentos suficientes para lograr que "ingresen inmediatamente en prisión quienes estando en la calle cometen delitos". Aunque el ministro reconoció que la reforma acarreará mayor población reclusa, señaló que el objetivo es que "se cometan menos delitos en la calle".

También explicó que el objetivo de esta reforma se encuadra en el plan general de lucha contra la delincuencia, junto con otras que se están tramitando, "para lograr juicios más rápidos, condenas más firmes y penas que se cumplan". El anteproyecto aprobado acomoda los plazos máximos de duración de la prisión preventiva a la doctrina del Tribunal Constitucional.

El texto propone la eliminación del automatismo existente en las decisiones de los jueces, que actualmente sólo dictan la prisión provisional en el caso de que los delitos conlleven una pena superior a los tres años o a los dos años en el caso de delincuentes integrados en bandas organizadas.

Los motivos que establece la ley para el ingreso en prisión tendrán que ver con la gravedad del delito, las circunstancias y naturaleza del delincuente y el daño ocasionado. Será motivo para el ingreso inmediato en prisión la pertenencia a banda organizada -donde se inscriben los robos callejeros, alunizajes, tráfico de drogas, bandas de abusos a menores o las estafas- y la reincidencia. Con ello se evitarán casos indeseables, como que un detenido con más de cien delitos entre por una puerta del juzgado y salga por otra, según Michavila.