Uno o dos jueces controlarán desde Madrid a 1.525 reclusos dispersos en 77 cárceles

Los grupos parlamentarios de IU y PNV han elaborado sendas enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de creación de juzgados centrales de vigilancia penitenciaria para los presos condenados por la Audiencia Nacional, entre otras razones por entender que uno o dos jueces no pueden controlar desde Madrid a 1.525 presos distribuidos en 77 cárceles ni cumplir el criterio de "proximidad a los centros de cumplimiento" diseñado por la legislación penitenciaria y el anterior Consejo General del Poder Judicial. El PSOE enmendará el proyecto de ley para que sólo se aplique a terroristas.

El proyecto de ley, sometido a trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados, crea en la ciudad de Madrid uno o varios juzgados centrales de vigilancia penitenciaria -probablemente dos, aunque el anteproyecto preveía uno- con competencia sobre la ejecución de penas de cárcel, control judicial de la potestad disciplinaria de la Administración penitenciaria y amparo de los derechos y beneficios de los internos, siempre respecto a los condenados por la Audiencia Nacional, actualmente 1.525.

Ahora, esas competencias sobre los 40.054 presos penados, sin distinción entre los tribunales que los condenaron ni los delitos que cometieron, las ejercen 38 juzgados de vigilancia penitenciaria, distribuidos por toda España en función del precepto según el cual "los jueces de vigilancia penitenciaria tendrán su residencia en el territorio en el que radiquen los establecimientos penitenciarios sometidos a su jurisdicción" (véase gráfico adjunto). En 1997, el CGPJ, en su Libro Blanco de la Justicia, planteó redefinir el número de jueces de vigilancia necesarios, desde "el criterio de proximidad a los centros de cumplimiento".

Dichas normas legales y criterios judiciales sufrieron un duro golpe cuando la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao Ruth Alonso excarceló al etarra Félix Gil Ostoaga. El mismo día que se divulgó la noticia, el ministro de Justicia, José María Michavila, anunció el proyecto de ley, que no figura en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia ni en el programa electoral del PP.

"Atajos antijurídicos"

La enmienda de IU a la totalidad critica las "relajaciones y menoscabos al Estado de Derecho" que "la amenaza terrorista provoca"; niega que "saltándose los principios y garantías (...) se pueda alcanzar antes la erradicación del cáncer terrorista" y se opone a los "atajos antijurídicos contra ETA", como el de la creación de juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, en contra de "la distribución geográfica" de esos juzgados.

Según IU, "el pretendido juez central no tendrá inmediación respecto de la mayor parte de los establecimientos y contribuirá a la posibilidad de que en un mismo establecimiento se apliquen dos criterios interpretativos: uno, del juez de vigilancia ordinario, y otro del juez central de vigilancia".

La diputada del PNV Margarita Uría fundamentó la enmienda a la totalidad de su grupo en "la inconstitucionalidad del proyecto de ley, dada la dificultad que significará el alejamiento de las cárceles de los jueces centrales de vigilancia para la reinserción social de los penados privados de libertad, establecida en la Constitución".

Uría invocó que el Tribunal Constitucional ha recordado que "los presos son titulares de todos sus derechos, excepto de los que resulten privados por la sentencia".