Argumentos políticos sin ruido electoral de fondo

Para el consejero de Obras Públicas, José Ramón García Antón, en base a los balances de recursos y demandas de los planes de cuenca del Júcar y del Segura, existen amplias zonas de la Comunidad Valenciana cuyas necesidades de agua, con los recursos disponibles, están cubiertas tan sólo en un 60% o 65%.

Sería el caso de las comarcas de La Marina Baixa, L'Alacantí y El Vinalopó, en el sur, y de El Maestrat en el norte. Según García Antón, pese a la modernización de regadíos, a la depuración y reutilización de aguas residuales, a la garantía de los abastecimientos mediante la ejecución de planes supramunicipales, al uso sostenible de las aguas subterráneas, a la desalación de agua de mar y de aguas salobres, y a la redistribución del agua para paliar las situaciones de escasez, los recursos no serían suficientes para cubrir todas las necesidades del territorio valenciano. "Además existe un alto porcentaje de población cuyos sistemas de abastecimiento están en una situación muy precaria, como los 600.000 habitantes del área metropolitana de Alicante-Elche, hay sectores fundamentales que dependen del agua, como una agricultura muy potente y un sector turístico cuya viabilidad depende de la estabilidad del abastecimiento", razona. "Sólo a base de consenso, y aprovechando mejor la poca agua que teníamos en el sur de la Comunidad Valenciana, fuimos capaces de superar la etapa de necesidad de 1978", asegura, y añade: "Si entre Alicante y Murcia se ha podido beber estos años es gracias al trasvase Tajo-Segura".

García Antón asegura que los recursos, con todas las medidas de ahorro, son insuficientes

Los socialistas proponen ahorro hídrico y captación de otros recursos

García Antón está convencido de que una sequía prolongada podría significar una catástrofe social, ecológica y económica, por lo que era imprescindible establecer una garantía con el trasvase de una cuenca excedentaria como la del Ebro, en la que con un aprovechamiento integral del agua, "como lo está haciendo la Comunidad Valenciana, se pueden ahorrar más de 1.000 hectómetros cúbicos".

Para garantizar el equilibrio futuro, el consejero asegura que se está intentando llevar a cabo que con el agua del trasvase "no se dedique a la agricultura ni un metro cuadrado más de terreno". En ese sentido, afirma que la Comisión Territorial de Urbanismo no aprueba ningún plan que no tenga garantía de agua. Sin embargo, para el catedrático de Geografía Joan Romero ahí radica el principal estrangulamiento del plan: "Hay diferentes administraciones con competencias de política territorial sin coordinación entre ellas, y en la escala regional y local no están por controlar lo que dice la ley, por lo que cuando llegue el agua las expectativas ya habrán hecho insuficiente el trasvase".

El estudio alternativo presentado por los socialistas valencianos reconoce la necesidad de agua que tiene la Comunidad Valenciana, incluso considera que los 350 hectómetros cúbicos anuales que el PHN prevé trasvasar "representan poco más de la décima parte de nuestra actual demanda hídrica", por lo que este plan "no representa la solución definitiva de los problemas del agua". Aun así, el ex consejero de Medio Ambiente socialista Emèrit Bono, que junto a Ricardo Almenar, ha realizado este estudio, considera que la Comunidad Valenciana "ahora no necesita el agua del Ebro". Para fundamentar su diagnóstico apunta hacia la Directiva Europea Marco del Agua de la Unión Europea y habla de primar otras opciones como el ahorro hídrico, la reutilización de aguas residuales y la captación de otros recursos convencionales (aguas superficiales y subterráneas) o no (desalación). Ello, según su cálculo, supondría entre 358 y 643 hectómetros cúbicos anuales, en cuanto al ahorro y reutilización, y entre 192 y 380 por lo que respecta a las captaciones de aguas superficiales y subterráneas, así como por desalación.

A pesar de estas posibilidades, que superan las expectativas del trasvase y alejan a la Comunidad Valenciana de una situación de insuficiencia global, el texto alternativo socialista asume la existencia de dificultades locales en las zonas septentrional y meridional, que podrían ser reequilibradas con "determinadas transferencias externas".

Para obviar la "compleja problemática" de diversa índole (ambiental, económica, política y social) asociada a los trasvases entre cuencas, el PSPV reclama como transferencias "los caudales que en su día se calcularon que llevarían las infraestructuras construidas", es decir 60 hectómetros cúbicos provenientes del Ebro por el canal Xerta-Càlig (que nunca llegó a entrar en servicio) y 120 más por el acueducto Tajo-Segura, infraestructura que consideran "manifiestamente inutilizada". En ese sentido, considera aceptable que 60 hectómetros cúbicos del Ebro "procedieran de la cesión de derechos de los regantes del Delta y no del azud de Xerta", así como la constitución de una reserva estratégica de agua no trasvasable en el Alto Tajo de 240 hectómetros cúbicos. A tal efecto, los aportes suplementarios reclamados al acueducto Tajo-Segura "deberán provenir de otros orígenes, sean el propio Tajo o del sistema conjunto Duero-Tajo".

Para los socialistas, la solución más rápida y de menor incidencia sobre la cuenca del Tajo sería el aprovechamiento de las aguas del río Jarama (básicamente aguas depuradas del área de Madrid), "bien directamente, bien indirectamente por sustitución de los caudales que actualemente usa en su refrigeración la central nuclear de Zorita, que serían derivados al acueducto Tajo-Segura".