Las balsas contarán con una póliza de seguro

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto que regulará la autorización y control de los depósitos de residuos procedentes de actividades industriales, mineras y agrarias. Los promotores de los mismos tendrán que presentar un plan de emergencia, una garantía y una póliza de seguros para cubrir una posible filtración o rotura para cubrir así los daños causados a tercersos. Será la Administración autonómica la que fije la cuantía atendiendo a sus características.

El incumplimiento de las obligaciones contempladas en este decreto será sancionado con multas que oscilan entre 3.005 y 600.000 euros. Para los depósitos que ya estén en funcionamiento, la norma concede una serie de plazos para cumplir las exigencias fijadas en el texto.

También el abandono y la clausura de los depósitos precisa de un proyecto específico, que deberá presentar el titular a la Administración con seis meses de antelación a la paralización de la actividad. El proyecto debe garantizar la seguridad del depósito de residuos y evitar futuros riesgos de contaminación.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la creación del consejo andaluz y de los consejos provinciales y locales del voluntariado, que asesorarán a la Administración autonómica. El consejero de Gobernación presidirá el consejo andaluz, que estará integrado por 30 vocales.