'¿Cómo se ha permitido actuar a una empresa así en España?', se queja la vicepresidenta de los perjudicados
'Esto es increíble', se quejó Domi Nizo, vicepresidenta de la recién creada Asociación de Afectados de Comercializadora Peninsular de Viviendas (CVP) al conocer el anuncio de Europa Cauzioni publicado en EL PAÍS. '¿Cómo es posible que hayan dejado a una empresa así actuar en España y que nadie haya hecho nada por evitarlo?', protestó. Un hijo de Nizo adelantó a CPV casi 19.000 euros y es uno de los que no han recuperado su dinero. Su esperanza era recuperarlo mediante el aval, pero ahora ya sabe que éste 'es ineficaz' y que carece 'de valor'.
El documento suscrito entre Europa Cauzioni y CPV para garantizar los anticipios de los compradores de viviendas fue firmado el 27 de julio de 2001 y en él se fija que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2004. En ese contrato, Europa Cauzioni 'avala' a CPV por 'las cantidades recibidas a cuenta [de los compradores de viviendas] hasta la cuantía total de 5.000 millones de pesetas' (más de 30 millones de euros).
El aval indica que éste 'se formalizará a favor de los beneficiarios mediante la emisión de certificados de adhesión por las cantidades recibidas a cuenta'. El apartado 4 del aval dice: 'El pago es mediante prima única que se materializará en cada uno de los certificados de adhesión'.
En este mismo documento, y como contragarantía, CPV señala fehacientemente que es propietaria de un solar de 40.332 metros cuadrados en el nuevo barrio de Las Tablas, de otro de 23.256 metros cuadros en Sanchinarro y de un tercer solar de 40.165 metros cuadrados en Montecarmelo. Según CPV, esos solares, al estar catalogados como edificables, tenían en ese momento un valor total próximo a los 11.000 millones de pesetas, valor éste que subiría hasta los 26.000 millones una vez que se construyese sobre ellos.
En ese documento, firmado por Alberto Antonio Cerdans Rufas en nombre de Europa Cauzioni y por Francisco Javier García Sánchez, hijo del director general de CPV, se hace constar que los terrenos están libres de cargas y que en 'en ningún caso podrán ser objeto de hipoteca, venta o cualquier acto dispositivo sobre los mismos sin contar con la previa autorización de la sociedad avalista, Europa Cauzioni'.
El director general de CPV ha admitido que dispuso de terrenos en los nuevos barrios, pero que los vendió. Y no sólo enajenó los terrenos (desterrando con ellos la posibilidad de levantar las casas prometidas), sino que también usó los fondos de la cuenta especial que contenía los anticipios de los afectados para fines 'que se desconocen', según la juez Rosario Espinosa, instructora del caso CPV, en el auto en el que ordena el ingreso en prisión de los cuatro máximos responsables de esta promotora.
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