El empresario Josep Puigneró vuelve hoy al banquillo de los acusados con una petición fiscal de seis años de cárcel

La fiscalía solicita seis años de prisión para el industrial Josep Puigneró por los vertidos contaminantes realizados por su empresa textil en Sant Bartomeu del Grau (Osona) de 1994 a 1995 y entre 1997 y 1998. Éste es el último juicio que tiene pendiente Puigneró, de 72 años, después de que su abogado, Pau Molins, consiguiera unificar los dos procesos que tenía abiertos en diferentes juzgados.

Por los vertidos contaminantes efectuados entre 1994 y 1995 Puigneró fue condenado por un juzgado de lo penal de Manresa a cuatro años y dos meses de cárcel, pero esa sentencia fue anulada porque cuando se celebró el juicio hacía un mes y medio que se habían abierto diligencias previas contra él en otro juzgado por los vertidos realizados entre 1997 y 1998, que fueron denunciados a la fiscalía por Iniciativa per Catalunya. La Audiencia de Barcelona consideró que se trataba de hechos conexos que se debían haber juzgado conjuntamente, que es lo que ocurrirá ahora.

La Sección Octava de la Audiencia de Barcelona, que le juzgará mañana, es la misma sala que le condenó en 1995 a cuatro años y dos meses de cárcel por vertidos contaminantes realizados entre 1990 y 1993. Esa sentencia la ratificó en 1997 el Tribunal Supremo y Puigneró se conviritió en el primer empresario encarcelado en España por delito ecológico.

El fiscal califica los hechos de delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente, y destaca que en el caso del empresario se dan las agravantes de reincidencia, falta de autorizaciones, desobediencia a las órdenes correctoras y riesgo de deterioro irreversible. El fiscal de medio ambiente José Joaquín Pérez de Gregorio también solicita en sus conclusiones provisionales que Puigneró abone una multa de 64.909 euros y que se le inhabilite durante otros cuatro años y medio para el ejercicio de actividades industriales.

La fiscalía asegura que Hilados y Tejidos Puigneró contaminó el cauce de la riera de la Tuta y del río Sorreig, afluentes del Ter. Según la acusación, la industria no disponía de la licencia municipal de actividades ni de la autorización de vertido de aguas residuales. La fábrica captaba ilegalmente las aguas de la riera de la Tuta, que quedaron contaminadas de forma grave, lo que destruyó la fauna y la flora. Además, la acusación sostiene que el industrial desobedeció reiteradamente las órdenes de la Administración durante 16 años.

La defensa sostiene que cuando se produjeron los vertidos de 1997 y 1998 Puigneró estaba en prisión, 'por lo que difícilmente se le pueden exigir responsabilidad', y entiende que unas muestras de agua superaron los límites legales porque cuando se recogieron había ocurrido un accidente.