El ministerio admite que hay problemas para la aplicación de los juicios rápidos

Rafael Catalá, secretario de Estado de Justicia, admitió ayer que existen problemas para la puesta en marcha de los juicios rápidos en la Comunidad Valenciana. Catalá estrenó en Valencia la creación de una comisión en la que participan representantes del Ministerio de Justicia, la Administración autonómica, la Fiscalía, los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para estudiar mecanismos de corrección, modelo que se repetirá en el resto de autonomías.

La primera duda que despejó el secretario de Estado -en contra de lo que afirmó Carlos González Cepeda, consejero de Justicia, minutos antes de finalizar la reunión de ayer entre Catalá y la cúpula de la judicatura, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno- fue que no se contempla la reforma de la ley de planta judicial, es decir el territorio sobre el que tiene competencias un juzgado. 'No se contempla la modificación de la ley de planta judicial. Lo que pretendemos es ser flexibles y articular mecanismos que permitan más recursos para aquellos juzgados en zonas cuya población fluctuante tiene épocas de mucha concentración'.

Rafael Catalá, Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), y Enrique Beltrán, fiscal jefe del TSJ, coincidieron en que antes del próximo mes de abril debe consensuarse un sistema que permita la viabilidad de los juicios rápidos. Catalá no precisó cuánto gastará Justicia en juicios rápidos en la Comunidad.