Las cajas de diez autonomías reducirán la presencia de políticos en los consejos

El primer efecto de la entrada en vigor de la Ley Financiera en noviembre será la reducción de la presencia de políticos en los órganos de decisión de las cajas de ahorros en, al menos, diez comunidades autónomas: Andalucía, Valencia, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, País Vasco, Murcia, Navarra y Rioja, donde los representantes públicos superan el 50% de los miembros de la asamblea. Por otro lado, el volumen máximo de cuotas participativas, similares a las acciones sin voto, que podrá emitir las cajas no superará el 33% de su patrimonio, es decir 6.700 millones en 2003 y 2004.

La Ley Financiera aprobada el miércoles por la noche en el Senado, provocará más de un revuelo politico en las comunidades autonómicas. El texto legal volverá al Congreso para su aprobación y las enmiendas futuras sólo podrán introducirse en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto. El proyecto concede seis meses, desde su entrada en vigor, para que las cajas de ahorros cumplan la legislación comunitaria sobre la presencia de representantes de administraciones públicas. La Unión Europea considera que los políticos no deben tener una influencia superior al 50% en los órganos de gobierno. En el caso de sobrepasar este límite, Bruselas puede considerar ayudas públicas los créditos concedidos por la caja de ahorros, lo que perjudica a la empresa que reciba el préstamo e incluso, puede obligar a devolverlo.

Según la legislación actual, diez comunidades autonómicas sobrepasan el límite máximo, lo que se refleja en la composición de las asambleas de 21 cajas, es decir, casi la mitad de las existentes. De ellas, cinco son de PP, tres del PSOE, más el País Vasco y Canarias, gobernadas por los nacionalistas. Esta situación obligará a una reducción proporcional de los representantes de ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos allí donde exista un exceso.

Entre las comunidades más importantes con este problema destacan Valencia (del PP), Andalucía (del PSOE) y el País Vasco (del PNV), que agrupan a algunas de las cajas más grandes del sistema. La limitación política no contaba con el apoyo inicial del PSOE, aunque finalmente no se ha opuesto a ello.

Un aspecto que sí ha supuesto un escollo entre los partidos ha sido la regulación de las cuotas participativas, unos activos similares a las acciones sin derecho de voto. En principio, los partidos de la izquierda comentaron que eran una vía para la privatización futura, aunque, tras rebajarles algunas competencias, el consenso es mayor. Las cuotas podrán cotizar en la Bolsa, si finalmente la CNMV lo autoriza, como esperan las cajas. En total, la emisión de cuotas no puede superar el 50% del patrimonio, lo que supondrá el 33% del total de recursos propios.

Como máximo, todas las entidades del sector podrán captar en el mercado 6.700 millones de euros anuales en el primer y segundo ejercicio de aplicación de la ley, para pasar a 13.500 millones a partir del tercero. Estarán retribuídas en la parte proporcional de los beneficios. Este capital se considerará recursos propios de primera categoría.

Fuentes del sector afirmaron que las cuotas permitirán acelerar el ritmo de expansión de las cajas, aumentando la competencia que ahora existe con los bancos. En 1978 las cajas controlaban el 18% del mercado financiero y ahora tienen el 51% de cuota. Expertos del sector apuntaron que las cutoas servirán de freno al poder político ya que se reflejará en Bolsa la marcha de la entidad y proporcionará mayor transparencia en la gestión.

Por último, la Ley financiera introduce la irrevocabilidad en los nombramientos de los consejeros mientras dura su mandato, para reforzar la independencia y profesionalidad ante el poder político. Además regula las alianzas entre cajas de distinta comunidad. El sector entiende que éstas serán 'fusiones virtuales' que contarán con un consejo específico para gestionar la caja resultante de la alianza.