Asuntos Sociales pide las cárceles de Algeciras y Huelva para convertirlas en centros de reforma de menores

'Necesitamos 1.000 plazas en centros de reforma de menores para trabajar en condiciones', declaró ayer en Córdoba María del Carmen Belinchón, directora general de Reforma Juvenil de la Consejería de Asuntos Sociales. El número actual de plazas para menores infractores de la ley en la comunidad andaluza está en torno a 350, de modo que la diferencia es de 650; Belinchón señaló que, a pesar de que se han abierto seis centros últimamente, 'no tienen capacidad suficiente'. Para paliar estas carencias, la directora general sugirió que se pusiesen a disposición de Asuntos Sociales centros penitenciarios en desuso, como las antiguas prisiones de Algeciras y Huelva. En esta última provincia, concretó, sería especialmente conveniente, porque es la única que no cuenta con recursos para medidas de privación de libertad.

Belinchón recordó que Andalucía es la comunidad en la que más incidencia ha tenido la Ley del Menor, que entró en vigor hace poco menos de dos años, no sólo porque la población joven es mayor que en ninguna otra región, sino porque existe un flujo constante de menores provenientes de otros países. 'Pero el porcentaje de inmigrantes en centros de reforma es bajo', advirtió, 'son más los que requieren protección'.

La directora general explicó que las medidas de privación de libertad se cumplen íntegramente en el caso de los menores. Desde que comenzó a aplicarse la nueva ley, por los centros andaluces han pasado unos 800 jóvenes; y de los 350 que están actualmente privados de libertad, 144 se encuentran entre los 18 y los 22 años.

Éstos, aclaró, suelen ser los más problemáticos: 'Vienen de prisión y no se adaptan al trabajo individualizado ni a tener un educador encima, no quieren este programa, tardan en asumir las nuevas pautas de conducta y generan conflictos'.

Belinchón indicó que en estos centros 'se trabaja para que los menores asuman su responsabilidad penal'. Aclaró que estos jóvenes 'tienen un sentimiento de impunidad impresionante' y 'son una población inteligente, con una enorme capacidad de adaptación'. A su juicio, entra dentro de la normalidad que se produzcan fugas y enfrentamientos, como el altercado de la semana pasada en el centro de reforma semiabierto de Sierra Morena en Córdoba, en el que cuatro jóvenes destrozaron los techos, las paredes y el mobiliario de sus habitaciones. 'Para responder a eso están los equipos especializados', resaltó.