Justicia recurre a guardias civiles para vigilar los edificios judiciales
Los guardias civiles en segunda actividad tendrán en breve una nueva opción de destino: vigilar los edificios judiciales en la Comunidad, al igual que desde marzo hacen ya más de 300 agentes en Andalucía. Así lo anunció ayer el consejero de Justicia, Carlos González Cepeda, un año después de que anunciara un plan de seguridad para los juzgados en colaboración con la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Cepeda afirmó ayer, tras la constitución de la comisión mixta que forma su consejería junto con la Fiscalía del TSJ, que los agentes del instituto armado se incorporarán en breve, tras la firma de un convenio con el Ministerio de Interior, desde donde ayer declinaron pronunciarse sobre el asunto.
Cepeda agregó que a la incorporación de los guardias civiles, en sustitución de los agentes de vigilancia privada que hasta ahora desempeñaban esas funciones, se sumará la adquisición de material, básicamente arcos para la detección de metales y cámaras de vigilancia. Para esto último, el consejero dijo que la inversión prevista durante el primer semestre de 2003 será de dos millones de euros.
Presupuesto inconcreto
Sobre la aportación presupuestaria que la Generalitat aporta al convenio que, según Cepeda suscribirá en las próximas semanas, el consejero dijo que no estaba fijada porque prácticamente es la misma partida que hasta ahora se viene destinando a la vigilancia por empresas privadas. Además, Cepeda dijo que la vigilancia de los agentes del instituto armado cubrirá prácticamente las 24 horas del día de la totalidad de edificios judiciales.
El titular de Justicia no precisó cuántos agentes de la Guardia Civil serían necesarios ni cuántos se estima que estarían dispuestos a realizar la vigilancia de los edificios judiciales. Fuentes del instituto armado cifran en alrededor de 600 agentes los necesarios para hacer una vigilancia mínimamente eficaz.
Por otra parte, Cepeda se refirió también a la celebración de los juicios rápidos. Mientras el presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa, reiteró hace pocas semanas tras una reunión con el consejero de Justicia que los juicios rápidos ya se venían celebrando con éxito en Valencia, Cepeda se limitó ayer a afirmar que 'la Comunidad está preparada para su aplicación, como lo demuestra la constitución de tres comisiones provinciales que realizan estudios previos para conocer las necesidades de este nuevo método de trabajo, así como el estudio de los aspectos jurídicos, económicos y de material que desde la consejería se llevan a cabo para la aplicación eficaz y rápida de la ley'.
El fiscal jefe, Enrique Beltrán, al término de su reunión con Cepeda, dijo que los seis nuevos fiscales que la pasada semana aprobó el Consejo de Ministros para Valencia 'son los que nos debían, no son nada nuevo', e insistió en que sólo para Valencia necesita 15 más.
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