El PSOE pide a Interior que coordine los traslados de africanos de Canarias
Los socialistas exigen a Acebes que informe a las comunidades receptoras de los inmigrantes
La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, ha remitido una carta al ministro del Interior, Ángel Acebes, en la que le solicita que se reúna 'a la mayor brevedad' con los presidentes de las comunidades autónomas afectadas por los traslados de inmigrantes desde Canarias. También le pide que informe de estas 'derivaciones' en la reunión que el Consejo Superior de Política de Inmigración celebrará la próxima semana en Valladolid.
Desde el pasado 5 de julio, más de 600 extranjeros llegados al archipiélago en pateras han sido trasladados a los centros de internamiento (CIES) de Valencia, Madrid, Málaga, Murcia y Barcelona. El objetivo de esta política es descongestionar las islas, saturadas por la avalancha de inmigrantes de los últimos meses.
Los afectados suelen ser subsaharianos a los que la policía se ve obligada a poner en libertad a las pocas horas de su traslado, tras entregarles una orden de expulsión imposible de cumplir porque sus países se niegan a reconocerlos como ciudadanos. De esta forma, quedan en las calles de las comunidades autónomas receptoras sin poder trabajar y dependiendo de los servicios sociales.
En su carta, la responsable socialista se refiere a esta situación, y califica la política de traslados 'de dudosa efectividad, dado que la lentitud con que se están llevando a cabo las devoluciones determina que, transcurridos 40 días del internamiento, según marca la ley, los ingresados deben abandonar los centros, con lo cual el problema, antes que solucionarse, no hace más que trasladarse de una comunidad a otra'.
Aunque afirma que entiende los traslados como 'una actuación urgente, dado el desbordamiento de los controles fronterizos', añade: 'Nos parece reprobable que se efectúen sin conocimiento previo y adoleciendo de la adecuada coordinación con los Gobiernos de las comunidades de destino'.
Rumí pide al Ministerio del Interior que informe a las comunidades receptoras 'con el objetivo de garantizar que las derivaciones se efectúen de manera transparente y coordinada'.
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