Madrazo cierra un acuerdo con los registradores para agilizar la lucha contra el fraude en la vivienda protegida
El Gobierno vasco sigue estrechando el cerco al fraude en la vivienda protegida. El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, suscribió ayer un convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad para disponer de información sobre las transmisiones del suelo con mayor rapidez. Los datos se limitarán a inmuebles cuyo uso sea residencial.
El efecto práctico de este acuerdo será que los solicitantes de pisos protegidos ya no tendrán que realizar personalmente el trámite de demostrar que no poseen ninguna otra vivienda -uno de los requisitos para acceder a pisos subvencionados- ni abonar esta gestión, que será pagada directamente por el Gobierno a los registradores. Como contrapartida, éstos acortarán el plazo para informar sobre el ciudadano, que será entre uno y tres días a partir de la petición tramitada por el Ejecutivo. 'Tendremos toda la información registral sobre la vivienda de cualquier persona en cualquier lugar del Estado', dijo el consejero.
El decano de los registradores del País Vasco, Leopoldo Sánchez Gil, recordó que la colaboración con el Ejecutivo ya existía, 'pero ahora se dan plazos para facilitar la información [registral]' y se establece también un plazo para el pago de este servicio por el Gobierno. Madrazo consideró este convenio como 'esencial' en la lucha contra el fraude en la vivienda protegida, aunque precisó que no es una situación generalizada. 'Se trata de casos muy concretos', dijo.
Vivienda ya anunció en mayo la puesta en marcha de 'controles masivos de información' para evitar fraudes, como una mayor vigilancia de los ingresos, con controles previos y posteriores a la adjudicación y contactos con las haciendas forales; la constitución de comisiones especiales de inspección para que los pisos protegidos no estén desocupados y control en las ventas. Desde julio se ha excluido de Etxebide, el servicio público de vivienda, a más de 13.000 solicitantes.
El acuerdo de ayer incluye la aportación por los registradores de estadísticas sobre la transmisión de suelo, como la localización, superficie, precio escriturado o tipo de suelo de cada parcela.
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