La auditoría de Price confirma irregularidades en L'Aliança

La auditoría encargada por la Generalitat a la firma consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) ha confirmado irregularidades en la facturación de la mutua de previsión social L'Aliança, según explicó ayer el secretario de Política Social de Comisiones Obreras (CC OO) Cataluña y ex miembro del Consejo de Administración en representación de los trabajadores, Toni Tuà. Los sindicatos presentes en el consejo, CC OO y UGT, han tenido ya acceso a los resultados de la auditoría.

Según Tuà, durante los años 1999, 2000 y 2001 L'Aliança facturó al Servicio Catalán de la Salud (SCS) 3.100 millones de pesetas por actividades que la mutua cobró y no realizó, lo que se puso de manifiesto cuando el Gobierno catalán intervino la mutua y la auditoría ha confirmado ahora.

Tuà explicó que si L'Aliança tiene que devolver este dinero, deberá vender parte de su patrimonio y la situación será de 'quiebra'. Sin embargo, la Generalitat ha dado un plazo de cuatro meses para que los administradores provisionales presenten un plan de viabilidad para la mutua, la más importante de Cataluña, con más de 200.000 socios.

Los administradores provisionales designados por la Generalitat tras la intervención, realizada el pasado 14 de marzo -Enric Mangas, director general de Régimen Económico de la Seguridad Social, y Miguel Argenté, director del Área de Recursos Humanos del Servicio Catalán de la Salud-, han informado a los sindicatos del resultado de la auditoría esta misma semana.

Explicaciones en septiembre

El consejero de Economía y Finanzas del Gobierno catalán, Francesc Homs, y el de Sanidad, Eduard Rius, comparecerán ante el Parlament, probablemente el próximo mes de septiembre, para explicar la situación en la que se encuentra la mutua.

La intervención de la entidad se produjo en marzo a raíz de los indicios de doble facturación en el hospital Sagrat Cor de L'Aliança, que cobraba al Servicio Catalán de la Salud (SCS) por servicios que ya abonaban sus socios.

Según los datos del informe citados ayer por el diario Expansión, el 31 de diciembre de 2001 la mutua presentaba un agujero contable de 18,4 millones de euros. De esta cantidad, 9,02 millones corresponden a partidas contabilizadas en los ejercicios de 1999, 2000 y 2001, por ayudas que supuestamente debía haber recibido la mutua del SCS en concepto de subvenciones a la explotación.

El resto son cantidades que el SCS reclama como indebidamente recibidas por L'Aliança en 1997 y 1998, con el argumento de que la mutua no tenía derecho a esas ayudas ya que durante esos ejercicios generó excedentes.

Una vez regularizadas estas cantidades, la auditoría confirma que la mutua presenta un desequilibrio patrimonial de 2,46 millones de euros, un margen de solvencia negativo de 1,82 millones de euros y un fondo de garantía también negativo de 9,47 millones de euros.