El Parlament obliga a la Generalitat a aumentar el número de 'mossos'

El Parlament aprobó ayer un paquete de medidas, sociales y policiales, para evitar el incremento de la inseguridad ciudadana en Cataluña y reducir el creciente número de delitos y de población reclusa. El consenso político funcionó a la hora de pedir la creación de un observatorio para la inclusión social y el aumento del número de plazas en las convocatorias de Mossos d'Esquadra, pero se resquebrajó cuando los socialistas aprovecharon el debate para reprobar la política del consejero de Interior, Xavier Pomés.

El Gobierno catalán tuvo que admitir ayer indirectamente la falta de efectivos policiales en Cataluña, denunciada con insistencia desde el Partit dels Socialistes y que Xavier Pomés negó hace dos semanas ante el Parlament, cuando tuvo que votar a favor del incremento de las plazas que la Generalitat oferta todos los años para el ingreso en la academia de los Mossos d'Esquadra. Este aumento -no cuantificado ayer- posibilitará, por ejemplo, el cumplimiento efectivo del acuerdo alcanzado la pasada semana para acelerar el despliegue de la policía autonómica en algunos municipios del área metropolitana y que el diputado socialista Marc López calificó ayer de 'tímida reacción' por parte de Pomés.

La resolución también obliga al Ejecutivo de Jordi Pujol a coordinar y garantizar con el resto de administraciones -central y local- el 'nivel adecuado' de las dotaciones policiales y de medios durante el periodo de transición hasta el despliegue total de los Mossos y poder alcanzar así la relación global de 4,5 policías por cada 1.000 habitantes.

No obstante, el Parlament rechazó, con los votos de Convergència i Unió, el Partido Popular y Esquerra Republicana, una propuesta de los socialistas para avanzar este despliegue en el resto de comarcas de Barcelona y en la provincia de Tarragona a partir de la incorporación de policías nacionales y guardias civiles. La izquierda, en cambio, se agrupó para reclamar que la Generalitat asumiera en Cataluña el mando único de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad. Esta propuesta no prosperó gracias al bloque de CiU y PP.

El parlamentario popular Daniel Sirera lamentó las 'tristes y contradictorias' propuestas socialistas e instó a los alcaldes del PSC a asegurar las dotaciones de las policías locales, que han ido reduciéndose paulatinamente en los últimos años. El convergente Josep Micaló criticó la insistencia de los socialistas en achacar a la falta de efectivos los problemas de inseguridad ciudadana.

Causas estructurales

Conscientes de que el problema de la delincuencia tiene múltiples causas, todos los grupos pactaron una resolución de Iniciativa per Catalunya Verds para crear un observatorio para la inclusión social a partir de indicadores como la pobreza o la marginación, que integrarán la Administración catalana y diversos colectivos sociales. Este organismo deberá elaborar un mapa de servicios sociales y un plan de atención social en coordinación con los ayuntamientos catalanes, lo cual posibilitará una mejor atención a los sectores más desfavorecidos y marginales.

Para cumplir estos objetivos, el Gobierno deberá incrementar, en los presupuestos de 2003, los recursos destinados a la atención a la infancia en situación de riesgo social y crear más centros de protección, de acuerdo con las alternativas previstas en el Código Penal.