Cinco presos acusan al ex juez Forteza de prometer excarcelaciones a cambio de dinero

Cinco presos han denunciado al ex juez Guillermo Forteza, expulsado de la magistratura y que ahora ejerce de abogado, por haberse comprometido supuestamente a obtener para ellos progresiones de grado o libertad en virtud de su 'directa relación' con el ex juez de vigilancia penitenciaria de Castellón y Valencia Ernesto Alberola, según fuentes del caso. La documentación acredita que Forteza recibió hasta 30.000 euros (unos 5 millones de pesetas) de un cliente.

Las denuncias contra el ex juez Forteza van acompañadas de recibos y comprobantes en los que el ahora abogado certifica el cobro de importantes cantidades (de 3.600 a 30.000 euros, entre 600.000 y 5.000.000 de pesetas) en concepto de progresión de grado o excarcelación, lo que se comprometió a lograr valiéndose supuestamente, entre otras cosas, de su relación personal con el ex juez de vigilacia penitenciaria de Castellón y Valencia Ernesto Alberola.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) investigó el pasado año a Alberola por supuestos delito de prevaricación y revelación de secretos en relación, precisamente, con la concesión de terceros grados a presos. Las decisiones del juez eran sistemáticamente recurridas por el fiscal de vigilancia penitenciaria. El caso Alberola, sobreseído al entender el fiscal jefe del TSJ, Enrique Beltrán, primero, y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, después, que los hechos investigados no eran 'constitutivos de delito'. Entre los letrados relacionados con sospechosas concesiones de progresión de grado y libertades aparecía Forteza.

Las cinco denuncias que ahora se investigan, al menos desde dos juzgados de Instrucción de Valencia, pasaron antes, según fuentes del caso, por la Fiscalía. Ésta estudió los expedientes y los remitió para que se abrieran diligencias, según las mismas fuentes, por entender que podría haberse cometido un delito. Fuentes del caso señalan que Forteza puede haber incurrido en un delito continuado de estafa según el artículo 250.1 del Código Penal, agravado con la circunstancia número 7 de ese artículo: 'Cuando aproveche el defraudador su credibilidad empresarial o profesional'. Por este delito se prevén penas de cuatro a ocho años de prisión, y multa de 12 a 24 meses.

Los afectados relatan, según su representación letrada, que Forteza se presentaba en prisión -la mayoría de ellos cumple condena en la cárcel de Picassent con severas penas por delitos de narcotráfico- y a través de intermediarios contactaba con ellos prometiéndoles la salida inmediata a régimen abierto o libertad condicional, lo que transitoriamente logró en algún caso sin advertir de la posibilidad de que se produjera un reingreso al penal, como ocurrió en más de una ocasión, según la documentación en poder de la representación letrada de los afectados.

Las denuncias han tardado más de un año en presentarse porque los presos recibieron amenazas si actuaban contra Forteza. Las mismas fuentes afirman que en su poder tuvieron documentos que acreditan que Forteza cobró hasta 12 millones de pesetas por prometer, usando al ex juez Alberola como valedor, la libertad. Las víctimas desestimaron la interposición de denuncia por miedo a represalias.

Forteza fue multado en 1998 por un delito de estafa. En aquella investigación faltaron pruebas de algunas de las acusaciones. Fue titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia con 28 años. En 1986, inició una cruzada contra las prostitutas con sonadas redadas en Valencia que le valieron la suspensión por un año. Se incorporó a la Audiencia Nacional y luego a un juzgado de Madrid, desde el que retomó la persecución a los prostíbulos. El entonces presidente del TSJ de Madrid, Clemente Auger, abrió contra él expediente de jubilación por incapacidad permanente debida a un trastorno de personalidad. Tras diez años de silencio, y después de que el Colegio de Abogados de Valencia no le admitiera, Forteza se dio de alta en el colegio de Alzira.