El municipio obligará a las empresas a cambiar las canalizaciones que sufran muchas averías

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer, con los votos en contra del PSOE, la nueva ordenanza de zanjas, con la que el Gobierno local pretende poner orden en las obras que inundan la ciudad. Con la nueva ordenanza, las empresas de servicios estarán obligadas a cambiar las canalizaciones (de agua, luz o gas) en aquellas calles en las que se produzcan averías continuamente, según anunció ayer en el pleno la edil de Obras, Elena Utrilla. El gobierno municipal rechazó una proposición del PSOE con un catálogo de medidas para poner freno a la venta de discos piratas en las calles de Madrid.

La nueva ordenanza de obras en la vía pública obligará a la empresa que pretenda abrir una zanja a que certifique por escrito ante el Ayuntamiento que ya ha contactado con las otras 20 que puedan estar interesadas en hacer obras en esa misma calle, para que éstas aprovechen también el agujero. Entre esas 21 empresas están, por ejemplo, Iberdrola, Madritel, Gas Natural, Telefónica... Después, esa calle no podrá volver a ser abierta -salvo por averías en las conducciones o por obras en viviendas o negocios- durante cuatro años. Esta nueva norma está basada en la Ley del Suelo del Gobierno regional.

En el pleno, el PSOE votó en contra de la ordenanza e IU se abstuvo. La concejal socialista Marta Rodríguez Tarduchy justificó el voto en contra de su grupo en que éste considera que la nueva ordenanza no va a terminar con el caos que sufre la capital por culpa de las obras. 'El problema de las zanjas en Madrid es la falta de eficacia del PP. Ustedes son incapaces de poner orden porque no hacen cumplir las ordenanzas. Ni se sanciona ni se controla a las empresas que incumplen las ordenanzas porque no hay voluntad política', denunció Rodríguez Tarduchy.

La edil de Obras, Elena Utrilla, replicó que la nueva ordenanza limitará el número de zanjas. 'Lo que no podemos rebajar son las averías, porque no se pueden planificar ni prever desde el Ayuntamiento', señaló la edil.

Además de la ordenanza que regulará la realización de obras en la vía pública, el pleno aprobó, en el área de Urbanismo e Infraestructuras, un nuevo plazo para la presentación de alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en el ámbito afectado por la Operación Chamartín (prolongación del paseo de la Castellana desde el nudo norte hasta la M-40). La modificación del Plan General para poder elevar la edificabilidad de la zona se empezó a tramitar en febrero pasado con carácter de urgencia, con la intención de que se pudieran empezar a realizar los primeros trabajos en septiembre próximo.

Pero la ampliación del plazo de alegaciones hace imposible que se pueda cumplir el calendario marcado por la Administración para sacar este mismo año la Operación Chamartín del parón en el que se encuentra casi desde que se planeó en 1993.

No obstante, Ignacio del Río, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, rechazó ayer que la Operación Chamartín pueda sufrir un nuevo parón. 'Hemos ampliado el plazo de alegaciones para que haya absoluta seguridad jurídica en todo el proceso. La modificación del Plan General puede estar aprobada por la Comunidad en septiembre próximo y nosostros estamos trabajando ya en el plan parcial; no se está perdiendo el tiempo', afirmó Del Río.

Consejo de las Mujeres

El pleno aprobó asimismo, con el apoyo de todos los grupos, la creación del Consejo de las Mujeres. Este organismo, que contará con un presupuesto de 90.000 euros, tenía que haberse constituido el año pasado, pero lo pospuso el alcalde, José María Álvarez del Manzano.

Las discrepancias entre el Gobierno municipal y los grupos de la oposición se pusieron claramente de manifiesto en el debate de las proposiciones presentadas por PSOE e IU. Rafael Simancas, portavoz socialista, intervino para reclamar una actuación más contundente por parte de la Corporación en la lucha contra la piratería discográfica. 'Prolifera por todas nuestras avenidas y constituye una forma grave de explotación de los inmigrantes y una amenza para la industria cultural. Detrás de la piratería hay mafias transnacionales que están haciendo mucho daño', subrayó Simancas. Éste pidió que el Ayuntamiento colabore con la Mesa Antipiratería para que 'Madrid se convierta en un referente en la lucha contra esas prácticas'.

María Tardón, edil de Policía Municipal, agradeció el 'tono constructivo' de Simancas, pero rechazó la proposición argumentando que las autoridades locales ya actúan contra la venta callejera de productos piratas. 'Madrid es la ciudad donde más se persigue esa práctica', aseguró Tardón. Según dijo, el año pasado se realizaron 216.245 intervenciones policiales contra la venta de las últimas novedades musicales, frente a 1.968 en Barcelona.