Debate sobre seguridad

Los siete muertos en ajustes de cuentas, reyertas y otros actos de violencia registrados el pasado fin de semana en España alimentan la polémica sobre inseguridad ciudadana de las últimas semanas y meses. La intensidad del debate tiene que ver con el papel que la cuestión de la seguridad tuvo en la pasada campaña electoral francesa -con los resultados conocidos- y con el hecho novedoso de que en España la izquierda se haya adelantado a enarbolar esa bandera; pero también guarda relación con la alarma realmente existente ante los datos divulgados sobre criminalidad.

El debate se ha enriquecido con aportaciones de expertos que ayudan a interpretar las cifras que desde hace algún tiempo vienen arrojándose a la cabeza Gobierno y oposición en las sesiones de control parlamentario de los miércoles. Por ejemplo, que no es lo mismo desaceleración del crecimiento de la criminalidad que descenso de ésta. Pero también que, si bien es cierto que la criminalidad ha aumentado en los últimos años, la tasa española sigue siendo de las más bajas de Europa Occidental. Lo que sí ha aumentado, y mucho, son los delitos y faltas -cuando el importe de lo sustraído es inferior a 300 euros- contra la propiedad. Sobre todo los hurtos (robos sin violencia), que crecieron un 20% el año pasado y que en el primer trimestre de este año han vuelto a crecer en similar proporción.

Ante esa realidad, los socialistas han argumentado que el Gobierno de Aznar ha dualizado la seguridad al potenciar la que prestan las empresas privadas a quienes pueden pagarla, en detrimento de los barrios y sectores populares. La explicación parece insuficiente para rendir cuentas de la supuesta pasividad del PP en ese terreno, aunque resultan altamente preocupantes los datos estadísticos, que reflejan una reducción del porcentaje de PIB destinado a seguridad pública durante los últimos años. La oposición ha puesto el acento en que no han sido cubiertas las 12.000 bajas que se han registrado en la Policía Nacional y la Guardia Civil desde que gobierna el PP. Sin embargo, si se suman las policías autonómicas y locales, el número de agentes en relación a la población es el más elevado de Europa Occidental, después de Italia.

Lejos de poner en marcha planes efectivos para combatir la delincuencia, el Gobierno parece empeñado en vincularla a la inmigración, en una ecuación que se apoya en datos reales, pero que esquiva el fundamental: que se trata de inmigrantes en situación irregular. Entre los que tienen permiso de trabajo, el índice de delincuencia es menor que el de los nacionales.