Maltrato a inmigrantes

A los poderes públicos, y muy especialmente al Gobierno, deben preocuparles los casos de malos tratos y abusos policiales cometidos contra los inmigrantes y no minusvalorarlos con el argumento de que son excepcionales. El informe elaborado por Amnistía Internacional (AI) sobre la actuación policial en supuestos de identificación, detención y expulsión de ciudadanos extranjeros no plantea ninguna denuncia general. Pero los casos concretos que documenta no son pocos ni insignificantes. Que en los últimos años se hayan producido 28 muertes de inmigrantes bajo custodia policial, seis de ellas documentadas en comisaría, seis violaciones o agresiones sexuales en el mismo ámbito y 321 casos de maltrato y de uso inapropiado de métodos de inmovilización durante los procesos de expulsión, es para alarmar a cualquiera, aunque alarme todavía más que ni el Gobierno, el ministro del Interior y las autoridades de inmigracion se den por enterados.

Mal pueden erradicarse esas prácticas inhumanas e incluso delictivas si el Gobierno, depués de negar cualquier atisbo de ellas en España en su reciente informe ante la Comisión sobre la Tortura de la ONU, se limita a declarar 'injusto' el informe de AI y a hacer una defensa a ultranza de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Más bien, el Gobierno debería ponerse a investigar la denuncia de AI y lanzar un claro e inquívoco mensaje sobre su radical oposición a tales prácticas.

Algunos de los casos denunciados por AI, como la muerte del guineano Antonio Fonseca en la comisaría de Arrecife, han tenido reflejo en los medios de comunicación. No son desconocidas tampoco las prácticas de encubrimiento entre agentes en casos de abusos contra inmigrantes señaladas en el informe. El Tribunal Supremo denunció esas prácticas en el caso de la violación de una ciudadana brasileña en una comisaria de Bilbao, probada y constatada, pero que quedó impune ante la imposibilidad de identificar a su autor.

El ministro del Interior debería explicar en el Congreso cuál es su política contra las actuaciones policiales racistas y garantizar que casos como los denunciados por AI serán perseguidos y sancionados.