200 personas ocupan un solar en Alicante donde está prevista la construcción de un instituto desde 1993

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, formada por sindicatos y partidos de izquierda, reunió ayer en Alicante alrededor de 200 personas para reclamar la construcción de centros educativos en la ciudad. Los convocantes escogieron como punto de encuentro un solar del barrio Cerámica-Los Ángeles donde fue proyectada la construcción de un instituto, el número 11, en 1993. El terreno fue ocupado simbólicamente para reclamar el inicio de las obras.

El instituto formó parte en 1997 del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat para la construcción de diversos centros. El acuerdo entre las dos instituciones preveía la inauguración de las instalaciones en 1999. El Consistorio alicantino encargó el proyecto del instituto a una promotora, que realizó un estudio y lo presentó. Sin embargo, el trabajo no gustó a la Consejería de Educación y las obras comenzaron a retrasarse. Lo cierto es que a día de hoy el estudio no ha sido aprobado y por lo tanto no se ha iniciado el proceso de adjudicación, según asegura Manolo Parra, miembro del sindicato CC OO. La plataforma convocante ha decido repetir las movilizaciones cada mes.

'Aunque el caso del Instituto número 11 es flagrante, no se trata del único caso', afirma Parra. El convenio recoge otros tres centros de secundaria -Santísima Faz, Radio Exterior de España y San Blas-. Este último no cuenta tan siquiera con un emplazamiento proyectado. Además, otros cuatro colegios -La Aneja, Benalúa, San Francisco de Asís y El Faro- y una escuela infantil también se han visto demorados. Para el sindicalista, la actitud de la Generalitat 'contrasta con la futura Ley de Calidad de la Enseñanza' promovida por el Ministerio de Educación, que predica todo lo contrario.

La plataforma ha hecho público un manifiesto en el que resume las reivindiciones que realiza al Gobierno central en materia de educación. Éste recoge la petición de destinar al menos un 6% del Producto Interior Bruto a la enseñanza, la reducción de la ratio (número de alumnos por clase), fomentar la integración de estudiantes inmigrantes, reforzar el papel de los tutores e incrementar la autonomía de los centros.