El fiscal investiga la construcción de viviendas en suelo forestal en Marbella

El fiscal especial para delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha solicitado a los Juzgados de Marbella que se investigue por qué no se ha cumplido la orden de paralización dictada por la Junta contra la construcción de 3.000 viviendas en suelo forestal en la localidad. La solicitud del fiscal, adoptada ante la 'sospecha de que pudiera existir un delito urbanístico', se produjo ayer después de que el delegado provincial de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, se reuniera con López Caballero para darle cuenta del expediente administrativo de paralización dictado por la Junta contra la citada obra.

El alcalde de Marbella, Jesús Gil, anunció durante el congreso de su partido el pasado fin de semana su intención de amparar la obra que ahora se investigará judicialmente y vender las 3.000 viviendas a jóvenes a precios ventajosos. El delegado de Medio Ambiente ha hecho entrega al fiscal de una cinta de vídeo en la que se recogen estas declaraciones y del expediente completo sobre la construcción, que supera los 100 folios y que establece una multa de 300.506 euros (50 millones de pesetas) y la restauración del terreno dañado con los movimientos de tierra.

Los terrenos son propiedad del empresario hostelero marbellí Ramón Mesa, cuyas relaciones con el alcalde también ha solicitado la Junta que sean investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, ante la sospecha de que 'exista un acuerdo entre ambos para beneficiarse'. Trillo se ha dirigido también a la jurisdicción Contencioso-Administrativa para solicitar la inmediata paralización de la obra.

Versión de Gil

El alcalde de Marbella, Jesús Gil y Gil, insistió ayer en que la Junta calificó 'de forma arbitraria' como suelo forestal los terrenos sobre los que pretende construir las 3.000 viviendas. Según Gil, el empresario Ramón Mesa, propietario de la finca de 630.000 metros cuadrados, compró la parcela a un particular, y no al Ayuntamiento como sostiene el PSOE.

'No ha habido plusvalía para nadie', dijo el regidor, que aseguró a través de un comunicado de prensa que el consistorio no ha fijado todavía el precio que pagará por los terrenos, y que este dependerá 'de la calificación que tenga'. En cualquier caso, Jesús Gil no parece dispuesto a dar marcha atrás en su intención de urbanizar esta zona considerada de alto valor ecológico: 'El proyecto seguirá adelante les guste o no. Voy a meter las máquinas, me da igual que sea zona verde, zona colorada o zona forestal', afirmó.

Por otra parte, unos 300 vecinos de San Pedro Alcántara se manifestaron anoche para protestar por la construcción de más de un centenar de viviendas en una zona verde de la barriada de Fuente Nueva. Los afectados, que ayer volvieron a paralizar las obras autorizadas por el gobierno municipal, exigen que en su lugar se realice un parque público. PSOE, PP y PA presentaron ayer una demanda penal contra Gil y la promotora.