Batalla campal por el control del 'Excélsior'

La disputa por la dirección del periódico mexicano Excélsior, que funciona en régimen de cooperativa, desencadenó el pasado domingo una batalla campal en el edificio del diario, situado en pleno centro de la capital, tras la entrada por la fuerza de un grupo del anterior consejo de administración apoyado por una veintena de policías. Los intrusos penetraron en el edificio a primera hora de la mañana junto a efectivos policiales armados del Estado de México e intentaron hacerse con el control del periódico, actualmente bajo la dirección de un grupo rival de cooperativistas.

Los policías ingresaron con los ex directivos Alfonso Millares, José Luis Monroy, Ana González y Juan González, que formaron parte del anterior consejo de administración, destituido en diciembre pasado. El jefe de los efectivos policiales, Alejandro Espinosa, afirmó que su presencia obedecía a un contrato de seguridad suscrito con un grupo que se encarga de vigilar el edificio. Durante el incidente, que fue finalmente controlado por la policía de la capital, se oyeron disparos fuera del edificio.El Consejo de Administración del Excélsior, que sufre la mayor crisis de su historia, destituyó a finales del año pasado a la directora, Patricia Guevara, por considerar que no tenía capacidad profesional suficiente y suspendió sus derechos como socia del periódico. La crisis del diario estalló en octubre de 2001, cuando los cooperativistas expulsaron a Regino Díaz Redondo, director del periódico durante 25 años, y denunciaron graves irregularidades en su gestión. Excélsior, fundado en 1917, tiene una plantilla de 946 trabajadores-socios, unos 300 contratados eventuales y medio centenar de colaboradores.

El actual director del consejo de administración, Jaime Contreras, afirmó que los invasores se encontraban suspendidos en sus empleos y que no tenían permiso para estar dentro del periódico. Las autoridades del Distrito Federal ordenaron a todos los intrusos -18 policías del Estado de México y 12 civiles- entregar sus armas y presentarse en un despacho de la Fiscalía para ser interrogados.