Suelo político

Muy cerca estuvo ayer ETA de conseguir su objetivo de asesinar a otro concejal socialista y a su escolta. El atentado se produjo el mismo día en que el lehendakari Ibarretxe presidía en Gernika un acto en solidaridad con los concejales amenazados, del que estaban ausentes los representantes de PP y PSOE. En Navarra eran detenidos varios etarras, entre los que figura el presunto autor del asesinato de un concejal de Leitza en julio pasado. Todos los detenidos habían sido miembros de Jarrai, rama juvenil del entramado que dirige ETA, y contaban con antecedentes de terrorismo callejero. La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión de 12 dirigentes de Jarrai, asumiendo la hipótesis del juez Garzón sobre la naturaleza de ETA como una estructura de la que forman parte diversos organismos (Jarrai, Gestoras pro Amnistía), legales o alegales.

Todas esas noticias juntas hacen incomprensible que en Euskadi se discuta todavía si los partidos democráticos pueden o no mantener acuerdos, o alcanzarlos en el futuro con el brazo político de ETA. El socialista Jáuregui tiene razón al decirle al lehendakari que ya no basta con establecer unos principios éticos respecto a la violencia; que es hora de trasladar esos principios al terreno político; que la condena de los asesinatos, aunque se añada el adjetivo de 'contundente', es poca cosa cuando asistimos al intento sistemático de eliminar a los rivales políticos; que no se trata de preguntar a Batasuna si acepta el pluralismo, sino de sacar conclusiones de la evidencia de que no lo hace. Y de no condicionar la unidad de los demócratas contra ETA a la aceptación por los demás de los presupuestos ideológicos nacionalistas.

El 'suelo ético' compartido de que habla Ibarretxe a propósito de los crímenes de ETA debería darse por supuesto. Mucho más expresivos que las condenas contundentes son los actos políticos: la materialización de la ruptura con Lizarra en mociones de censura contra los alcaldes de Batasuna, el apoyo público a las medidas judiciales -no políticas, judiciales- contra el entorno de ETA, el abandono de Udalbiltza (asamblea de municipios) y demás residuos de Lizarra, la retirada de las subvenciones a las organizaciones-pantalla de Batasuna. Sin eso, la solidaridad con los vascos no nacionalistas suena a hueco.